Denuncia al ministro del Interior España por acoso laboral y desviación de poder Jaime Nicolás reclama ante la Audiencia su derecho a trabajar, tras 18 meses de postergación. Letrado del Constitucional, fue director de gabinete y mano derecha del expresidente del Consejo de Estado Rubio Llorente Denunciante Jaime Nicolás Muñiz. Nivel 30 desde hace más de 25 años y con 40 de antigüedad, este alto funcionario se licenció en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales en la Universidad de Constanza (Alemania). Es administrador civil del Estado y letrado del Tribunal Constitucional. Hasta su cese en 2012 fue el director de gabinete. Con anterioridad ejerció de asesor ejecutivo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, dirigió el Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, fue el responsable de Estudios y Prospectiva en RTVE y el subdirector de Investigación del Centro de Estudios Constitucionales, organismo que llegó a dirigir en funciones . Ponente, conferenciante, asesor en procesos de democratización, germanista, autor de decenas de estudios sobre constitucionalismo y gobernanza, su extenso currículo es casi inabarcable. Hechos Tras el relevo en la presidencia del Consejo de Estado, a Nicolás Muñiz le correspondía por derecho regresar al Ministerio del Interior, trámite que se postergó artificialmente casi dos meses. Finalmente, fue destinado a la secretaria de Estado de Seguridad como vocal asesor y asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE). Se le dio un despacho y comenzó a cumplir su jornada laboral. Lo que nadie le dio jamás fue trabajo, lo que le ha llevado a presentar el pasado 25 de octubre, 18 meses después de estar mano sobre mano, un recurso ante la Audiencia Nacional por violación de sus derechos fundamentales. En ese tiempo, según su propio testimonio, sus reclamaciones han sido constantes. El pasado 18 de julio registró un escrito dirigido al nuevo secretario general del GIESE , José Hurtado Quero, en el que denunciaba la situación de humillación laboral a la que estaba siendo sometido. Se acogía el funcionario a la vía especial de lucha contra el acoso en la Administración, un acuerdo de mayo de 2011 que especifica como primera causa de acoso no dar trabajo durante un período prolongado, y que obliga a resolver sobre la admisión o no admisión a trámite de las denuncias en un plazo de diez días. |
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