viernes, 21 de junio de 2013

Así estuvimos en Comisión del Parlamento


Versión taquigráfica Parlamento CASO COTELO‏

Abogada Dra María Soledad De Franco 03:09 p.m. 
Para: doctoradefranco@yahoo.com

Comparto la versión taquigráfica de nuestra intervención en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, como consecuencia de la denuncia realizada por mi cliente el Sr. Gonzalo Cotelo, en virtud de su asedio moral dentro de Facultad de Psicología.

Este es un paso importante en el comienzo de nuestra gran lucha por eliminar, denunciar y sancionar el acoso moral en el trabajo en Uruguay. Aún queda mucho por hacer, principalmente que los señores parlamentarios tomen conciencia de la gravedad del acoso y emprendan el camino hacia su regulación jurídica.

A todos los que nos han acompañado de mil maneras posibles, ETERNAMENTE GRACIAS!!!

A todos los que nos han puesto piedras en el camino, nos han ignorado, o han intentado empañar con calumnias nuestra labor, también GRACIAS!!! Nos dan la fuerza para seguir HACIENDO lo que se DEBE HACER!

Información Pública según la Ley 18.381, extraída de la web: www.parlamento.gub.uy

(Ingresan a Sala la doctora Soledad De Franco, el licenciado Gonzalo Cotelo y el doctor Gabriel Motta)

——La Comisión de Legislación del Trabajo da la bienvenida a la doctora Soledad De Franco, al licenciado Gonzalo Cotelo y al doctor Gabriel Motta, quienes nos enviaron una nota en la que se denuncia un caso de acoso laboral y moral. La Comisión decidió recibirlos para que expongan al respecto. Posteriormente, los Diputados harán los comentarios y las consultas que entiendan pertinente.

SEÑORA DE FRANCO.- Soy la abogada representante del señor Cotelo.

Mi cliente es funcionario de la Universidad de la República desde el año 1989, y tiene una foja de servicios en blanco.

En el año 2008, el Decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, ordenó no distribuir más las economías pertenecientes al rubro salarios y trasladarlas al rubro gastos. A raíz de eso, los funcionarios de la Facultad de Psicología -entre ellos, mi cliente- se reunieron en una asamblea gremial y cada uno hizo propuestas diferentes con relación a las medidas de lucha a adoptar. En esa asamblea, el señor Cotelo sugirió como medida de lucha el trabajo de brazos caídos. No sabemos cómo, pero lo cierto es que eso llegó a conocimiento del Decano Leopold y, casualmente, a partir de esa fecha, mi cliente comenzó a ser trasladado de facto -porque no había ninguna resolución o acto jurídico que así lo dispusiera-, lo que constituye una evidente sanción.

Quiero aclarar que el señor Cotelo ingresó por concurso a la Administración y también por concurso ascendió al cargo de Jefe Administrativo, Nivel 1, Grado 12. A la fecha en que ocurrió la situación que acabo de narrar, el señor Cotelo era el Jefe de Bedelía en la Udelar. Como decía, después de esa reunión, comienzan a trasladarlo.

Primero lo trasladan como asistente administrativo en el Área de Psicología y Diagnóstico, donde comienza a sufrir todo tipo de malos tratos y groserías de parte de la Directora de esta área.

Paulatinamente, se le empiezan a quitar funciones. Pasa de ser Jefe a ser un mero telefonista; luego, ni siquiera tiene esa tarea y termina cumpliendo la función de pegar carteles, por ejemplo, comunicados a los estudiantes. Realizó esa labor hasta que lo trasladaron a Intendencia -lugar que no tiene absolutamente nada que ver con su cargo presupuestal-, lo cual implicaba una degradación al escalafón de Servicios Generales; de manera que pasó a depender del Intendente. La orden que venía de arriba era que no se podía seguir dando trabajo a Cotelo. Lo más insólito fue que el año pasado le quitaron el acceso al sistema de gestión de expedientes de la Udelar, el "Expe+".

Al día de hoy, como medida preventiva, el señor Cotelo está suspendido por tres meses, cobrando la mitad del sueldo, tomando como base una denuncia que es totalmente falsa; les dejaré las pruebas de ello.

Ese es el "racconto" de la carrera funcional.

¿Por qué venimos acá? Por algo muy sencillo. El señor Cotelo, en cumplimiento de las funciones que le habían asignado -como relaté anteriormente-, el 31 de mayo de 2010 pegó un cartel. Dos meses y medio después, el Decano de la Facultad de Psicología lo acusó de haber pegado un cartel que contenía una fotografía de Adolfo Hitler y un enunciado que decía algo así como: "No más dictadura. No más terror en Psicología". Tengo una copia; si quieren, después se los muestro.

Como abogada, me voy a remitir a las pruebas. Las pruebas que se utilizaron en dicho sumario en contra de mi cliente fueron las filmaciones contenidas en las cámaras de seguridad de Facultad de Psicología. A la fecha, las dieciséis cámaras existentes en esa Facultad fueron declaradas ilegales, a través de las Resoluciones 1034 y 1035 de 2012 de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Concretamente, la ilegalidad deriva de que esas cámaras estaban operando sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 18.331, que establece el registro ante el organismo de control. De manera que estamos en presencia de cámaras de facto o cámaras secretas; si bien eran visibles, eran totalmente ilegales. Esa es la prueba en base a la cual las autoridades de la Facultad de Psicología solicitan la destitución del señor Cotelo, porque habría pegado el papel con la foto de Hitler. Reitero: habría pegado.

Nosotros recurrimos esa aberración, porque las faltas administrativas tienen que estar debidamente comprobadas. La Oficina Nacional del Servicio Civil nos dio la razón, dado que dictaminó que no había ningún elemento de prueba que hiciera a mi cliente pasible de la imputación de falta administrativa alguna. Sin embargo, encabezados por el Decano Luis Leopold, siguieron adelante y se llegó a la propuesta de destitución. Recurrimos la propuesta. Como era inviable mantener esa ilegalidad, el Consejo de Psicología optó por revocar la propuesta de destitución y volver a juzgar a mi cliente por el mismo hecho. A pesar de que volver a juzgar por el mismo hecho está prohibido -"non bis in ídem"-, como lo que ahí prima es el voluntarismo de ciertos individuos, a la fecha, se está tramitando una mal llamada ampliación sumarial, para la cual la instructora designada es la doctora Adriana Yerlas.

Pese a las denuncias que hicimos en reiteradas oportunidades, aportando las resoluciones correspondientes en cuanto a que las pruebas en las que se están basando fueron declaradas ilícitas y, por tanto, no pueden ser utilizadas como tales, no hemos tenido ninguna respuesta. Todo lo contrario: hubo una nueva sanción al señor Cotelo. Ahora ya no solo le imputan el hecho de que habría pegado el papel, sino también que se ha excedido en la defensa. Y le imputan esto porque, ante la inercia de la Facultad, no tuvimos más alternativa que presentar una denuncia penal, que tiene el Juez Saravia, en Tercer Turno. Según lo dictaminado por el Juez, se va a aguardar las resultancias administrativas.

Ante esa situación, se podrán imaginar que mi cliente ya está condenado. Los escritos que realizamos son, simplemente, para cumplir y poder llegar al TCA y que este anule. La cuestión es cómo una persona puede vivir durante tres o cuatro años -eso es lo de que dura un juicio en el TCA- sin salario y siendo considerado un delincuente porque habría pegado un papel.

Quiero comentarles algo más, que diría es absolutamente pintoresco; realmente no sé cómo calificarlo. Me refiero a algo que advertimos en el DVD que estamos dejando a cada uno de los legisladores. Además de que los videos, por su medio de obtención, son ilícitos, como a mi cliente había que sancionarlo a como diera lugar, el Decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, presentó un video ante el Consejo, llamado "Colacación de carteles" -así está escrito-, que está grabado en DVD como "Operación Cotelo" -muy sugestivo-, y dura cuatro minutos y siete segundos. Cuando nosotros lo comenzamos a estudiar advertimos cosas insólitas. Por ejemplo, a medida que el segundero del reproductor de video avanzaba, el tiempo real retrocedía. Pongo un ejemplo bien claro: cuando se inicia este video de poco más de cuatro minutos, la hora de la cámara de filmación es 11 y 44 AM, y cuando termina, cuatro minutos después, la hora que figura es 13 y 29. Me parece que no hay que ser perito ni científico de ningún tipo para darse cuenta de que eso está adulterado. Denunciamos esto pero, evidentemente, ya estamos hablando de algo más que de una omisión o una incapacidad para ejercer con corrección y decencia la abogacía; estamos hablando de un encubrimiento.

¿Saben qué es lo más grave y lo que más nos indigna? Que denunciamos esto y la instructora, doctora Yerlas, a nuestras espaldas, violando el debido proceso, solicitó al ingeniero Pablo Musé Freire que analizara un video. Y les digo "un video" porque ni la instructora ni Musé ni nosotros sabemos cuál fue el video analizado.

En oportunidad de interrogar en vía administrativa al doctor Musé, después de que se presentara como el mejor científico de la región y de decir que había hecho un estudio muy especializado del video -reitero que es un video que no tiene nombre-, le pregunté: "¿Qué video analizó usted? Identifíquelo". Me contestó: "Ah, yo no sé". Volví a preguntar: "¿No recuerda el nombre?" Y respondió nuevamente: "No". Entonces, le pregunté qué duración tenía ese video, a lo que respondió: "Y, bueno. Duraba algo así como una hora cincuenta minutos, una hora cuarenta y cinco minutos, dos horas". Toda la declaración -de la que tengo copia- es una constante ambigüedad.

Obviamente, como el perito desconoce qué perició, nosotros menos aún podemos saber qué fue lo periciado. Sí podemos deducir que si el doctor Musé habla de algo cercano a las dos horas, ciertamente, no se trata del video que nosotros impugnamos y denunciamos como ilegal.

Lo más interesante de todo esto es que cuando le pregunté al doctor Musé cómo llegó a intervenir en este procedimiento, me contestó: "A mí me llamó alguien de Facultad de Psicología, que no se identificó, y me dijo que tenía que hacer un trabajo". Al mejor estilo siciliano, ¿no? Entonces, le dije: "Pero usted es profesor de Facultad de Ingeniería. ¿Cómo cumplió con ese trabajo?". Y la respuesta es lo que realmente nos hace pensar en crimen organizado. Me respondió: "Quien me dio la orden directa de realizar este trabajo fue el Decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Héctor Cancela".

No tengo más que agregar.

SEÑOR COTELO.- Soy licenciado en sociología y hace veinticuatro años que trabajo como administrativo ocupando distintos cargos; hace más de diez años como Jefe Administrativo. Llegué a la Facultad de Psicología cuando hace diez años no existía y se formaban colas de una noche a la otra para poder ingresar e inscribirse. Los estudiantes mandaban a sus abuelos, gente mayor, para sacar número. Aquello era un caos. Entonces, instrumenté un sistema informático, nunca realizado. Precisamente, eso fue en beneficio de todos los estudiantes, que a esta altura son ocho mil. A través de ese mecanismo, los estudiantes no hacen colas, pudiendo inscribirse desde cualquier lugar del país y obtener cualquier información de su interés.

En ese entonces, el decano era Víctor Giorgi, uno de los que más me apoyó así como también las asistentes académicas, porque se realizaron muchos cambios en beneficio tanto de los funcionarios como de los estudiantes y docentes. Poseo documentación de Giorgi destacando mi actividad y brindando su total apoyo a mi gestión.

Hasta ahí, transcurrieron veinticuatro años sin ningún problema en mi carrera. Como expresó la abogada, lo único que encontraron en mi trayectoria fue la realización de cursos en diferentes áreas, para mejorar la gestión, sobre marketing, etcétera; todo positivo. Sin embargo, ahora parece que los veinticuatro años no sirven para nada, porque estamos hablando de que se me ha hecho un sumario prácticamente por delincuente y hace pocos días llegó otro. Estamos hablando de dos sumarios. Me sacaron de la Facultad durante tres meses percibiendo medio sueldo para que no estuviera presente. ¿Por qué? Porque solicitaba pruebas para mi defensa y, por ejemplo, si solicitaba un expediente, no me lo daban. Esto fue hablado con la abogada Pierri de la Facultad, quien se negaba. La doctora fue con la escribana y fueron maltratadas por la abogada; les negó el expediente que es de acceso público y de mi interés. La Ley Nº 18.381, de 2008, es clarísima en ese sentido cuando expresa que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

Pero lo peor de todo en este largo proceso de más de tres años ocurrió cuando fui con la escribana a Jurídica de la Universidad de la República, pensando que es uno de los lugares más ecuánimes. Allí se me negó el expediente y la escribana fue maltratada. Tenía que ir con una escribana para que me dieran el expediente. Además, me mintieron cuando me dijeron que el expediente estaba reservado. Entonces, pregunté por qué. La normativa vigente -a esta altura ya soy especialista- expresa que se debe cumplir con una serie de requisitos para que el expediente sea reservado. Me dijeron una mentira. El propio abogado de Jurídica me mintió. Eso está grabado y, con la firma de la escribana, fue elevado al ámbito penal.

Se sentían presionados porque yo iba y pedía documentación y llamaron a la Facultad preguntando qué hacía yo allí. Había entonces una cuestión de continua persecución. Realmente hubo acoso, hostigamiento continuo. Comenzaron por retirarme las tareas administrativas, me aislaron, me dejaron sin trabajo.

En el CD que les entregué está el programa "Santo y Seña", trasmitido por Canal 4 en 2010, y consta que expresé que estaba sin trabajo, sin tareas. Me enviaron a Intendencia sin trabajo. Dejar sin trabajo a alguien, tratando de aislarlo para que se vaya, es una característica bien clara del móvil, que está bien representado en libros por especialistas, entre ellos, Leymann, quien habla del psicoterror. Lo que ha instalado el Decano es el psicoterror, persiguiendo a los docentes, expulsándolos y no renovándoles sus contratos. Inclusive, no hay docentes que dicten clases; los estudiantes no pueden terminar y todo por una cuestión de persecución. Por ejemplo, un docente me decía que a cualquier reunión que asistía, ya sea de ADUR o de Affur, siempre encontraba a alguna persona que no conocía. También había gente que conocíamos, que estaba en la línea del Decano siendo este informado de quiénes hablaban y qué decían. Indudablemente, esa persona no iba a durar una semana en la Facultad y así ocurría. Instaló el psicoterror, de tal forma que me convertí en un "quemado". De acuerdo a las propias palabras utilizadas por los especialistas, estoy "quemado". Estoy quemado en toda la Universidad de la República, porque me han quitado el prestigio alcanzado durante veinticuatro años de labor. Me han agredido. Se ha expresado cualquier cosa sobre mi persona, cuando realmente el Decano ha cometido un delito. Ya no puedo decir que "habría cometido". El Juez lo dirá, pero ha cometido un delito, porque en el CD presentamos un informe de un especialista que estudió el video paso por paso -está editado en seis partes diferentes-, marcando todo lo que está cortado. Sin embargo, el informe del ingeniero Musé -este pobre a quien le ordenaron hacer este mandado tan difícil- expresa que el video no está cortado, que las placas -como ellos les dicen- están editadas segundo a segundo. Pero según el especialista que mencioné, en el tramo de ocho a doce segundos, se mechó un segundo de tiempo. Ha habido fraude para tratar de demostrar algo indemostrable.

Quiero acotar que el 31 de mayo de 2010 toda la Facultad estaba de paro, todos los órdenes y además Affur. El 9 de junio, los estudiantes ocuparon por primera vez. Se me acusa que el 31 de mayo pegué los carteles. Imaginen todos los carteles que pudieron haberse pegado con la Facultad en conflicto y ocupada. Estamos hablando de ocho mil estudiantes, doscientos cincuenta docentes y cien funcionarios. Todos estábamos en conflicto, sin embargo yo era buscado quizás por ese antecedente.

Lo más importante a destacar es que se sentían seguros con el sumario y demás. Pero más allá de la autonomía -tema importante a desarrollar en la Universidad-, que me han reiterado hasta el cansancio -parecería que fuera un país-, existe la Agesic, organismo encargado de regular la informática y las comunicaciones, dentro de la Ley Nº 18.381, que no es considerada. Tienen diez denuncias presentadas por no haberme entregado ningún expediente y en todas se expresa que para la Agesic es una falta grave. Ellos dicen que no pueden hacer nada. Entonces, hay que investigar quiénes son los funcionarios, pero nunca se investiga porque archivan las denuncias, y mientras esté en la Universidad, se cubren entre ellos.

Creyeron que saliendo de la órbita de la Universidad iban a tener el mismo apoyo. Sin embargo, puedo leerles el informe elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil cuando fui destituido: "[...] no se ve en ningún momento al sumariado que estuviera pegando los carteles de autos". Y sigue más adelante: "[...] para imputarle una falta disciplinaria a un funcionario es requisito indispensable que estén plenamente probados los hechos que se le imputan". Culmina expresando: "[...] no se le puede imputar falta alguna al funcionario sumariado". Y la conclusión: "[...] no es procedente la destitución del funcionario". Esto les cambió todos los planes porque tuvieron que revocar pero, como ha dicho la doctora, inventaron una ampliación para seguirla por otro lado.

Puedo decir muchas cosas más. Por ejemplo, puedo hablar de hostigamiento cuando me sacaron la identificación para acceder a los expedientes -cada administrativo y más un jefe, entre otras cosas, tiene el acceso a los expedientes-, el correo que todo el mundo tiene, etcétera. Me aislaron en una habitación en la que tengo que permanecer sin hacer nada. Hace unos días, una asistente académica -tendrá 22 años, la edad de mi hija; yo tengo 54 años- me echó de un curso de capacitación que se estaba haciendo para jefes y al que había sido invitado -todos los jefes fueron a ese curso-, argumentando que estoy sumariado y que eso se encuentra en el reglamento. Le dije que no existe ningún reglamento que exprese eso; que no estaba sentenciado; pero igual me fui. Esta es otra de las denuncias, pero se archivan. Todas estas denuncias se han juntado y la doctora ha elaborado de cuatro a cinco escritos por semana.

Lo último que se ha argumentado para habilitar el segundo sumario es que soy distorsivo, pero lo que busco es la manera de defenderme. Entonces, me sacan de la Facultad por tres meses, haciendo una ampliación del sumario.

En el CD que se entregó hay seis archivos y figuran el famoso video, el informe muy técnico del editor del Canal 5, lo que se publicó en el diario "El País", lo trasmitido en Radio Sarandí y en Canal 4.

SEÑOR PUIG.- La denuncia es de una gravedad sustancial.

Asimismo, me gustaría escuchar la versión de la Facultad de Psicología. No tengo claro el procedimiento pertinente, es decir, si hay que comunicar a la Universidad de la República y a partir de allí a la Dirección de la Facultad.

SEÑOR ABDALA.- Coincido plenamente con lo que plantea el señor Diputado Puig, ya que es lo que corresponde porque, sin duda, el tenor de las afirmaciones es de una gravedad muy importante. Es decir, aquí se combinarían -tenemos que hablar en condicional hasta escuchar a la otra parte- situaciones de una eventual persecución sindical con episodios todavía más graves y con connotaciones penales. De manera que, sin ninguna duda, habría que convocar a las autoridades de la Facultad, encabezadas por el Decano. Creo que es muy importante que asista el Decano porque, más allá de lo institucional, aquí ha habido imputaciones "intuitu personae".

La doctora De Franco expresó que las pruebas fueron declaradas ilícitas. No me quedó claro si ese informe fue de la Oficina Nacional del Servicio Civil o alguien más produjo esa declaración.

Por otra parte, quisiera saber si el sumario siguió su curso, en qué etapa está, si continúa abierto una vez que se revocó el pedido de destitución. Parecería que si estuviera abierto, se ha prolongado por mucho tiempo. Quisiera saber todo esto a cuenta de mayor abundamiento, porque cuando recibamos al Decano tendremos oportunidad de cotejar datos y hechos y, eventualmente, después generar una nueva convocatoria.

SEÑOR VIDALIN.- No tengo preguntas para formular. Tal cual lo han planteado los colegas Diputados, como es de estilo de esta Comisión, invitaremos a la otra parte para tener la otra versión y ser lo más objetivos posible para el tratamiento de un tema tan delicado como es este.

SEÑORA DE FRANCO.- En respuesta a lo que me consultó el señor Diputado Abdala, puedo decir que quien determinó que todas las filmaciones obtenidas por la Facultad de Psicología son ilegales fue la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que depende de Agesic, y esta a su vez directamente de Presidencia. Ello se hizo a través de las Resoluciones Nº 1034 y Nº 1035 de 2012. Una de estas resoluciones, que es muy breve pero ilustrativa, establece que existió por parte de la denunciada -o sea, la Udelar, Facultad de Psicología- una contravención al principio de legalidad establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 18.331. Además, esta resolución indica que la Facultad de Psicología deberá presentar los formularios para realizar la instrucción de base de datos en el plazo de treinta días. Esto lo dictaminó el organismo competente por la Ley Nº 18.331.

En segundo lugar, le respondo que, a mi juicio, si bien la resolución de marzo de 2012 que propuso la destitución del señor Cotelo -porque habría pegado un papel- fue recurrida por quien les habla, ese recurso prosperó en cuanto a que la propia Facultad revocara la propuesta de destitución pero no clausuró el sumario, que era lo que correspondía, sino que se dijo: "Revocamos la propuesta de destitución para volver a indagar sobre los mismos hechos". Acá no hay hechos nuevos; se trata del mismo hecho del 31 de mayo de 2010. Entonces, se sigue indagando sobre el mismo hecho. ¡Claro! Como no tenían las pruebas suficientes, se enteraron de que eran ilegales y la Oficina Nacional del Servicio Civil les dijo que era una aberración lo que estaban haciendo, decidieron buscar nuevas pruebas. ¿Cuál fue la nueva prueba que encontraron? La intervención del doctor Musé.

SEÑOR ABDALA.- ¿Quiere decir que en esa etapa, a esa altura del procedimiento, la Facultad resolvió revocar y profundizar la investigación, y no sustituir la sanción, por ejemplo aplicando sanción a cambio de la destitución, lo que eventualmente hubiere sido previsible?

SEÑORA DE FRANCO.- Exacto. Procesalmente, como lo advierte el doctor Abdala, la Facultad podría haber revocado perfectamente e, inclusive, haber propuesto una sanción alternativa, de hasta seis meses. Sin embargo, en este caso, no ocurrió así sino que se revocó a los efectos de seguir investigando en un proceso absolutamente inquisitivo.

A modo de conclusión, quiero comentar brevemente que a nivel jurídico existe una gran preocupación de parte de quien les habla y de otros colegas en cuanto a que este tipo de situaciones se denuncian cada vez más y pasan sobre todo en el ámbito público. Es vergonzoso cómo se persigue a los funcionarios públicos. ¿Qué está sucediendo? Como no tenemos una herramienta jurídica, una ley específica, queda en el saber hacer, en la imaginación de cada abogado cómo encarar este tipo de situaciones.

Si bien sé que no es motivo de esta convocatoria, me permito hacer esta disquisición un tanto abusiva solicitando a la Comisión de Legislación del Trabajo que comience a pensar en la posibilidad de legislar sobre el acoso moral laboral. Al respecto, les comento que quien les habla inscribió en la Biblioteca Nacional, en abril de este año, un proyecto de ley en ese sentido, luego de haber estudiado durante dos años la normativa comparada en esta materia. Me parece que la dignidad en el trabajo es un tema que el legislador no puede soslayar, y les pido eso: que piensen seriamente sobre el asunto, porque este tipo de situaciones realmente está llevando a algunas personas, en el caso extremo, al suicidio. En Uruguay hay dos suicidios por día y existe una vinculación muy directa con el acoso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Podemos adelantar que el Senado tiene a estudio un proyecto de ley sobre el "mobbing", un tema nuevo de preocupación en los ámbitos laborales.

Agradecemos vuestra presencia. Desde ya sepan que lo planteado será de trámite para los colegas Diputados, así que a la brevedad tendrán novedades acerca de este asunto.

SEÑOR MOTTA.- En mi calidad de médico de emergencias, puedo decir que Uruguay es el primer país de Sudamérica en tasa de suicidios. En el trabajo que presentó la doctora De Franco se nos menciona como referentes, en cuanto a que el acoso moral laboral es la causa de los dos tercios del suicidio por causas sociales. Tal vez este aspecto no puedan entenderlo como médicos pero sí como seres humanos. La persona que se suicida por supuesto que está en un "hictus mental" muy especial, en el cual puede caer cualquier persona normal; es decir, no es necesario estar loco para suicidarse. Se define la locura en el suicidio, por ejemplo, en el caso de una persona esquizofrénica a la que se le muere el canario y se mata porque no tiene otra compañía; en este caso hay una distorsión de la realidad: Sin embargo, muchas veces el acosado recurre a mecanismos de defensa que están bien descritos en la psiquiatría; paradójicamente, suicidarse es un mecanismo de defensa y si no, se recurre al parasuicidio, por ejemplo, a la drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Por eso, es muy importante el tema del acoso, porque nosotros somos campeones en Sudamérica en cuanto a suicidios. Es un tema que hay que investigar, puesto que tenemos dos suicidios por día, más allá de los intentos y demás.

(Se retiran de Sala el licenciado Gonzalo Cotelo, la doctora Soledad De Franco y el doctor Gabriel Motta)