11
de mayo de 2013.-
Foro
Libertad y Concordia.-
Estupor…
repugnancia… dolor
Distintos sentimientos y reacciones que van
en aumento al leer cada renglón de la sentencia de condena del Gral. Dalmao a
28 años de penitenciaría.-
Estupor porque después de siete años de
iniciado el proceso judicial y luego de haberse renovado la fiscalía y la sede
judicial, ingenuamente creímos que los nuevos actores judiciales responsables
del caso, revisarían seriamente el expediente y pondrían las cosas en su lugar
con el único resultado posible: la exculpación del Gral. Dalmao por ser
arbitrariamente acusado de un delito que no existió.-
Así de simple es el tema: un suicidio,
lamentable como todos y frecuente como muchos en el Uruguay; un abogado,
denunciante profesional, que fabrica una causa judicial en conjunción con una
fiscal altamente politizada, decidida a ser el principal dedo acusador contra
los militares; un juez nervioso e impaciente que nunca entendió el caso y los
hechos, sumándose en forma oscilante y dubitativa a lo que lentamente le
sugería la fiscal; un procesamiento sin pruebas, sólo por “convicción”,
derivado de la necesidad de fundamentar la primera declaración de
inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para este caso, la que pasó a ser
valorada como una sentencia “emblemática”.- Y, como tal, debería tener como
resultado acorde: el procesamiento de un General en actividad a como diera
lugar, sin importar los límites legales ni la dosis de arbitrariedad necesaria
para alcanzar este objetivo político.-
Apelado el procesamiento por “coautoría”, que
fue la máxima “convicción” a la que llegó el juez aún con todas las “chicanas”
de la fiscal, un tribunal de apelaciones fue más allá todavía y, en claro
prejuzgamiento, dice que Dalmao es “autor de un delito de homicidio….”,
confirmando el procesamiento y agravando la tipificación más allá de sus
funciones y potestades a esta altura del proceso.-
En la etapa de condena, un fiscal, subrogante
por pocos días, toma esta sentencia del tribunal de apelaciones y le agrega su
cuota de ácido, tipificando “homicidio político” con innúmeros agravantes y
llegada la nueva fiscal efectiva del caso, confirma lo del anterior y ratifica
el pedido de 28 años de penitenciaría.-
Con precisión, la Defensa ha sostenido que
todo este adorno semántico ha transformado el proceso en una suerte de “juego
de espejos” que, naturalmente, no es de creación de la mediocridad judicial
criolla; en la doctrina alemana se le llama “estafa de etiquetas” (palabrerío
que encubre una realidad absolutamente diferente a lo que ellas enuncian).-
Y esto es lo que ha sido este juicio desde su
inicio, siempre al borde o directamente teñido de lo que el lenguaje define
como “prevaricato”: incumplimiento malicioso o por ignorancia culpable de las
funciones públicas y la injusticia dolosa o culposa cometida por un juez o
magistrado.-
Así resulta como corolario esta desastrosa
sentencia, cuyo estudio, irremediablemente, nos pasa del estupor a la
repugnancia: difícilmente puede falsearse los hechos de esta forma e inventar,
con frondosa imaginación, circunstancias explicativas sin probar que
transforman un suicidio en homicidio, e inculpan a un inocente condenándolo a
cadena perpetua sin el más mínimo prurito.-
Hay injusticia dolosa cuando la juez,
recogiendo la “plataforma fáctica” señalada por un fiscal de oscura herencia
política, como base para pedir su condena, refiere a un marco histórico
realmente panfletario para encuadrar el hecho en coyunturas que nada tienen que
ver con lo que se investiga.-
En esta lógica, como recomienda ahora a los
fiscales uruguayos el tristemente célebre ex juez español Baltasar Garzón,
todas las causas investigadas tienen que ser encuadradas en un contexto, cuanto
más tergiversado y cargado de horror, mejor.- Y así, este suicidio fue
encuadrado como homicidio con brutales agravantes en la aplicación del “Plan
Cóndor”, soslayando que el mismo no existía en esa época (fue firmado un año y
medio después) y que, aún así, ninguna repercusión puede tener en la baja
jerarquía del entonces Alférez Dalmao.- Es tan burdo como responsabilizar a la
secretaria del juzgado por las decisiones de la Suprema Corte… así de retorcida
es esta “estafa de etiquetas” criolla.-
Lo doloso de la sentencia tiene su expresión
suprema cuando se incluye al Alférez Dalmao dependiendo de OCOA (que nada tiene
que ver en esto), e interrogando a la occisa bajo presión hasta ocasionarle la
muerte.- O la jueza no tiene noción de lo que está hablando (ignorancia
inexcusable) y no entendió nada del expediente o, con dolo, afirma como
probados hechos que nunca se mencionaron en el juicio.- Lo único que le tocó
vivir al Alférez Dalmao fue ser de los primeros en encontrar el cuerpo
suspendido de un pañuelo de cuello atado a un gancho en la pared.-
Todos los testimonios ubican al Alférez
Dalmao actuando luego del suicidio, es decir post facto; ninguno lo ubica antes del fallecimiento por lo que las
conclusiones de fiscales y jueces son fantasiosas y mendaces.- La propia fiscal
Guianze reconoció que no tenía pruebas de esto y, después que ella dejó la
fiscalía, nada cambió; ningún testimonio o prueba emergente permite llegar a
esta acusación carente de todo sustento.-
La Defensa del Gral. Dalmao ha fundamentado
hasta el hartazgo los detalles del incidente; nada ha sido tenido en cuenta en
este proceso, aplicándosele el más brutal desconocimiento de su base
argumental.-
El Foro Libertad y Concordia e Instituciones
Sociales Militares han informado desde hace más de dos años, con absoluto
conocimiento del tema, a las más alta autoridades nacionales, calificados
parlamentarios, autoridades religiosas y opinión pública en general de los
atropellos judiciales que se están produciendo en los juicios a militares y en
este caso en particular.-
Todos han sido informados al detalle de los
pormenores del caso Sabalsagaray y de la inocencia del Gral. Dalmao y, por
supuesto, del anciano Cnel. Chialanza, ambos internados en el Hospital Militar
desde hace dos años, por sus delicados estados de salud.-
Sería de desear que revisaran los documentos
que se les hizo llegar oportunamente, quizás previendo este desenlace
siniestro, y hagan sentir su voz, porque estas transgresiones judiciales también hacen a la pérdida de
respeto por la institucionalidad y por el marco normativo que debería conformar
el Estado de Derecho que tanto les entusiasma defender.-
Realmente, es difícil entender que desde lo
institucional se está siendo omiso en la defensa de este caso y de los otros,
permitiendo este revisionismo de facto y la aplicación del derecho en sus
formas más abyectas para alcanzar objetivos políticos perimidos en un escenario
de conflicto setentista devenido en la batalla jurídica como instrumento de la
política.-
Hasta aquí lo repulsivo.-
Sólo nos resta hablar del dolor, inmenso
dolor, de ver a nuestros camaradas, ancianos algunos, seriamente afectados en
su salud otros, padecer estas persecuciones que se trasladan a toda la
Institución armada y a las respectivas familias, a quienes acompañamos desde
siempre.-
Mientras tanto, el gobierno sigue impasible
observando este lamentable escenario y permitiendo que su fuerza política siga
elaborando novedosas estrategias para seguir perforando el marco legal y llevar
más militares y policías presos.- Cuando oíamos de algunas personalidades que
“Dalmao se está comiendo un garrón”; “no me gusta ver a los viejos presos”,
etcetera, pensamos que nuevos vientos estaban impulsando una clausura
definitiva de la estigmatización.- Ahora comprendemos que eran nuevos vientos
sí, pero más fétidos que los anteriores.-
Lamentable de verdad!!!
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