martes, 14 de mayo de 2013

Ante la condena del Gral. Miguel Dalmao



                                                                         11 de mayo de 2013.-

Foro Libertad y Concordia.-

Estupor… repugnancia… dolor

Distintos sentimientos y reacciones que van en aumento al leer cada renglón de la sentencia de condena del Gral. Dalmao a 28 años de penitenciaría.-

Estupor porque después de siete años de iniciado el proceso judicial y luego de haberse renovado la fiscalía y la sede judicial, ingenuamente creímos que los nuevos actores judiciales responsables del caso, revisarían seriamente el expediente y pondrían las cosas en su lugar con el único resultado posible: la exculpación del Gral. Dalmao por ser arbitrariamente acusado de un delito que no existió.-

Así de simple es el tema: un suicidio, lamentable como todos y frecuente como muchos en el Uruguay; un abogado, denunciante profesional, que fabrica una causa judicial en conjunción con una fiscal altamente politizada, decidida a ser el principal dedo acusador contra los militares; un juez nervioso e impaciente que nunca entendió el caso y los hechos, sumándose en forma oscilante y dubitativa a lo que lentamente le sugería la fiscal; un procesamiento sin pruebas, sólo por “convicción”, derivado de la necesidad de fundamentar la primera declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para este caso, la que pasó a ser valorada como una sentencia “emblemática”.- Y, como tal, debería tener como resultado acorde: el procesamiento de un General en actividad a como diera lugar, sin importar los límites legales ni la dosis de arbitrariedad necesaria para alcanzar este objetivo político.-

Apelado el procesamiento por “coautoría”, que fue la máxima “convicción” a la que llegó el juez aún con todas las “chicanas” de la fiscal, un tribunal de apelaciones fue más allá todavía y, en claro prejuzgamiento, dice que Dalmao es “autor de un delito de homicidio….”, confirmando el procesamiento y agravando la tipificación más allá de sus funciones y potestades a esta altura del proceso.-

En la etapa de condena, un fiscal, subrogante por pocos días, toma esta sentencia del tribunal de apelaciones y le agrega su cuota de ácido, tipificando “homicidio político” con innúmeros agravantes y llegada la nueva fiscal efectiva del caso, confirma lo del anterior y ratifica el pedido de 28 años de penitenciaría.-

Con precisión, la Defensa ha sostenido que todo este adorno semántico ha transformado el proceso en una suerte de “juego de espejos” que, naturalmente, no es de creación de la mediocridad judicial criolla; en la doctrina alemana se le llama “estafa de etiquetas” (palabrerío que encubre una realidad absolutamente diferente a lo que ellas enuncian).-

Y esto es lo que ha sido este juicio desde su inicio, siempre al borde o directamente teñido de lo que el lenguaje define como “prevaricato”: incumplimiento malicioso o por ignorancia culpable de las funciones públicas y la injusticia dolosa o culposa cometida por un juez o magistrado.-

Así resulta como corolario esta desastrosa sentencia, cuyo estudio, irremediablemente, nos pasa del estupor a la repugnancia: difícilmente puede falsearse los hechos de esta forma e inventar, con frondosa imaginación, circunstancias explicativas sin probar que transforman un suicidio en homicidio, e inculpan a un inocente condenándolo a cadena perpetua sin el más mínimo prurito.-

Hay injusticia dolosa cuando la juez, recogiendo la “plataforma fáctica” señalada por un fiscal de oscura herencia política, como base para pedir su condena, refiere a un marco histórico realmente panfletario para encuadrar el hecho en coyunturas que nada tienen que ver con lo que se investiga.-

En esta lógica, como recomienda ahora a los fiscales uruguayos el tristemente célebre ex juez español Baltasar Garzón, todas las causas investigadas tienen que ser encuadradas en un contexto, cuanto más tergiversado y cargado de horror, mejor.- Y así, este suicidio fue encuadrado como homicidio con brutales agravantes en la aplicación del “Plan Cóndor”, soslayando que el mismo no existía en esa época (fue firmado un año y medio después) y que, aún así, ninguna repercusión puede tener en la baja jerarquía del entonces Alférez Dalmao.- Es tan burdo como responsabilizar a la secretaria del juzgado por las decisiones de la Suprema Corte… así de retorcida es esta “estafa de etiquetas” criolla.-

Lo doloso de la sentencia tiene su expresión suprema cuando se incluye al Alférez Dalmao dependiendo de OCOA (que nada tiene que ver en esto), e interrogando a la occisa bajo presión hasta ocasionarle la muerte.- O la jueza no tiene noción de lo que está hablando (ignorancia inexcusable) y no entendió nada del expediente o, con dolo, afirma como probados hechos que nunca se mencionaron en el juicio.- Lo único que le tocó vivir al Alférez Dalmao fue ser de los primeros en encontrar el cuerpo suspendido de un pañuelo de cuello atado a un gancho en la pared.-

Todos los testimonios ubican al Alférez Dalmao actuando luego del suicidio, es decir post facto; ninguno lo ubica antes del fallecimiento por lo que las conclusiones de fiscales y jueces son fantasiosas y mendaces.- La propia fiscal Guianze reconoció que no tenía pruebas de esto y, después que ella dejó la fiscalía, nada cambió; ningún testimonio o prueba emergente permite llegar a esta acusación carente de todo sustento.-

La Defensa del Gral. Dalmao ha fundamentado hasta el hartazgo los detalles del incidente; nada ha sido tenido en cuenta en este proceso, aplicándosele el más brutal desconocimiento de su base argumental.-

El Foro Libertad y Concordia e Instituciones Sociales Militares han informado desde hace más de dos años, con absoluto conocimiento del tema, a las más alta autoridades nacionales, calificados parlamentarios, autoridades religiosas y opinión pública en general de los atropellos judiciales que se están produciendo en los juicios a militares y en este caso en particular.-

Todos han sido informados al detalle de los pormenores del caso Sabalsagaray y de la inocencia del Gral. Dalmao y, por supuesto, del anciano Cnel. Chialanza, ambos internados en el Hospital Militar desde hace dos años, por sus delicados estados de salud.-

Sería de desear que revisaran los documentos que se les hizo llegar oportunamente, quizás previendo este desenlace siniestro, y hagan sentir su voz, porque estas transgresiones  judiciales también hacen a la pérdida de respeto por la institucionalidad y por el marco normativo que debería conformar el Estado de Derecho que tanto les entusiasma defender.-

Realmente, es difícil entender que desde lo institucional se está siendo omiso en la defensa de este caso y de los otros, permitiendo este revisionismo de facto y la aplicación del derecho en sus formas más abyectas para alcanzar objetivos políticos perimidos en un escenario de conflicto setentista devenido en la batalla jurídica como instrumento de la política.-

Hasta aquí lo repulsivo.-

Sólo nos resta hablar del dolor, inmenso dolor, de ver a nuestros camaradas, ancianos algunos, seriamente afectados en su salud otros, padecer estas persecuciones que se trasladan a toda la Institución armada y a las respectivas familias, a quienes acompañamos desde siempre.-

Mientras tanto, el gobierno sigue impasible observando este lamentable escenario y permitiendo que su fuerza política siga elaborando novedosas estrategias para seguir perforando el marco legal y llevar más militares y policías presos.- Cuando oíamos de algunas personalidades que “Dalmao se está comiendo un garrón”; “no me gusta ver a los viejos presos”, etcetera, pensamos que nuevos vientos estaban impulsando una clausura definitiva de la estigmatización.- Ahora comprendemos que eran nuevos vientos sí, pero más fétidos que los anteriores.-

Lamentable de verdad!!!







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