Maldonado, 15 de junio de 2007.
Como funcionario público, me apego a las normas que definen la función del administrado, yo las conozco, no todas por supuesto, las más próximas, por los menos aquellas que definen los deberes y los derechos. Como funcionario docente público, que ejerce una función al frente de alumnos, con todo lo que conlleva el acto educativo, he sido totalmente desprotegido del punto de vista jurídico. Lo que es más grave aún, es que el acto educativo, del cual a veces se habla en su más amplio sentido, ha sido, reiteradamente violentado.
Quiero recordar a la opinión pública, que el que suscribe en al año 2005 ,tuvo que hacer una huelga de hambre para que se investigara en profundidad los hechos que se me habían imputado ,en ese entonces “sabotaje de máquinas, con exposición de riesgo de vida hacia los alumnos “. Sin embargo, más allá de la formalidad con la cual fue iniciado el sumario, lo que aún me sorprende es la ligereza con la que se actúo, lo cual ha esta altura de las circunstancias, y con los hechos a la vista me permito decir que existe una tendenciosa animosidad hacia mi persona por parte del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP).
Muy poca gente conoce los hechos en su totalidad, pero he tenido que ser yo, quién ha parte de sufrir las consecuencias, he tenido que lidiar con la carga de la prueba, por lo tanto el recorrido tedioso de dar vuelta la situación ha encontrado escollos, entre estos, la limitación desde CODICEN, de entregar pruebas, la presión ejercida desde Consejo Técnico para que abandone los expedientes.
Como se recordará , yo fui eximido, de la responsabilidad, relacionado con el sabotaje de máquinas, por otro lado, tengo fundadas sospechas, que los actos de sabotaje fueron simulados, en los cuales participaron integrantes del secretariado de A.F.U.T.U.
Al comienzo del año 2007, se reiteraron algunos actos de sabotajes, como ser dejar al descubierto los contactos de una llave de alimentación directa de una maquina de soldar.
Como corresponde hice la denuncia a la Dirección de la Escuela Técnica de Maldonado, pero nadie actuó en consecuencia, con la premura del caso. Teniendo pruebas de que ésta exposición que existió, no se ha quién presentarlas.
Desde la Fiscalía de Maldonado, las respuestas dadas no han sido convincentes, al igual que las autoridades policiales con las cual me entrevisté.
Como si esto fuera poco, nuevamente he recibido una denuncia penal, siendo esta la tercera. Dos de estas denuncias, interviene directamente un sacerdote de la Iglesia Católica, que se desempeña como docente dentro de la Institución, el cual está suspendido de sus funciones por el Obispado de Maldonado.
Este poder de manipulación de esta persona, es aprovechado por la Dirección del Instituto, con el único objetivo de atacar al docente, en un grado de perversidad que no conoce límites.
Según los “entendidos “sobre acoso laboral, dice que mi problema es cuestión administrativa. Yo pregunto ¿quién le pone límite, a los abusos de funciones, cuando desde el propio ámbito que protege la norma, no existe voluntad de hacerlo? ¿Cómo se protege un ser humano y su familia, cuando estos abusos se cometen desde la autoridad?
Si no se le quiere llamar “acoso laboral“ llámesele perseguir a una persona.
Este tipo de actos, lesiona un derecho que es inherente a la condición humana, el derecho al trabajo a vivir dignamente.
Quiero recordar, que no he sido yo, quién ha incurrido en reiteradas denuncias en lo penal, que no fui yo quíen trasladó este tema ha ese ámbito, simplemente me he defendido del atropello.
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