Prefecto de Pando
Leopoldo Fernández
Leopoldo Fernández
1. Introducción
A partir del 11 de septiembre de 2008, se suscitaron en las localidades de El Porvenir y Cobija, ubicadas en la provincia de Pando, una serie de hechos de agresión, que culminaron con saldo de numerosos muertos, heridos, secuestrados y exilados.
El gobierno boliviano culpó a los factores de oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien hasta la fecha permanece en la cárcel.
Posteriormente, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, designó una Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Mattarollo, la cual produjo un informe que avaló totalmente las actuaciones del gobierno boliviano y responsabilizó al prefecto Fernández de la violencia.
El informe generó abundantes críticas en Bolivia, en buena medida por la trayectoria de Mattarollo, quien fue fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y quien en el pasado estuvo involucrado en no pocos actos terroristas. Además, el informe presentaba bastantes imprecisiones, omisiones, inconsistencias y falsedades.
Dadas las discrepancias y sospechas sobre lo ocurrido, la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, decidió, desde principios del año 2009, elaborar un informe independiente sobre los hechos de Pando, enviando para tal fin a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos, provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela.
Los delegados internacionales arribaron a Santa Cruz de la Sierra el 25 de marzo de 2009. Les tomó cinco días levantar un informe de campo, con datos recabados en Santa Cruz, La Paz y en el propio departamento de Pando. Se tomaron declaraciones a testigos presenciales de los hechos, quienes relataron de forma conmovedora lo sucedido, responsabilizando a personeros del gobierno y miembros del partido oficialista MAS de haber provocado las agresiones contra los habitantes de las Municipalidades de El Porvenir y de Cobija, y de haber violando flagrantemente sus derechos humanos.
Llama la atención que, durante su estadía en Bolivia, los delegados internacionales de UnoAmérica fueron seguidos y hostigados por quienes se presume eran funcionarios de inteligencia, lo cual los obligó a tomar medidas de seguridad, entre ellas —en el caso de quienes se encontraban en Pando— trasladarse a territorio brasileño para pernoctar.
El 30 de marzo, los activistas de derechos humanos ofrecieron una rueda de prensa en Santa Cruz, informando sobre los resultados preliminares de su investigación. Las pruebas recabadas eran incontestables: el gobierno de Evo Morales había planificado y ejecutado los hechos de violencia.
Vale la pena destacar que, a partir de ese momento y hasta la fecha, UnoAmérica ha sido objeto de una feroz campaña de desprestigio, basada en calumnias y mentiras, orquestada por medios de comunicación vinculados ideológicamente al gobierno boliviano e, incluso, al propio Rodolfo Mattarollo, entre ellos, el diario argentino Página 12.
La campaña incluye la criminalización de quienes elaboraron el informe de Pando, vinculándolos —sin presentar prueba alguna— a bizarras conspiraciones y a presuntos golpes de Estado. Creemos que tales acusaciones no hacen sino comprobar la culpabilidad de quienes aparecen señalados en este informe como los verdaderos responsables —y/o encubridores— de la masacre de Pando.
Alejandro Peña Esclusa
Presidente de UnoAmérica
http://www.unoamerica.org
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