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Subject: Emancipación 294: Por una política programática y una ética de la nación
From: info@emancipacion.org
Date: Sat, 27 Jun 2009 19:03:15 -0300
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| Director: Fernando Bossi. Año XI, Número 294, 26 de junio de 2009 |
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| ARGENTINA Nuestro proyecto busca revertir la cultura de la derrota y la resignación, que ha sido alimentada en Argentina por las experiencias del terrorismo de Estado y más de veinte años de hegemonía neoliberal. Hegemonía traducida en políticas económicas de despojo, polarización de la riqueza y exclusión social, sustentada en el individualismo egoísta, un consumismo obsceno y el lucro como objetivo esencial que legitima la corrupción así como los negocios privados con bienes públicos, junto al desprecio hacia los valores solidarios y los sectores sociales desposeídos. Promovemos una ética pública sustentada en el principio que aquello que pertenece a nuestra Nación es de todos y entre todos debemos defenderlo, condenando el aberrante y reiterado delito de hacer negocios privados con bienes públicos en perjuicio de la gran mayoría de los argentinos. - Plan de lucha contra la indigencia y la pobreza a través de medidas de emergencia y el diseño de estrategias a mediano y largo plazo. - Ingreso universal por hijo - Sistema preventivo de salud y lucha contra las enfermedades de la pobreza -Chagas, dengue y similares- incrementando el presupuesto del sistema público de salud y propugnando una mayor articulación con las Universidades nacionales, orientada a la producción de medicamentos y a una formación profesional con profundo sentido social. - Plan de construcción de viviendas mediante sistemas cooperativos con apoyo de las Universidades nacionales, a fin de cubrir el actual déficit que afecta a más de tres millones de familias, creando fuentes de trabajo legítimas. - Plan de reparación de la juventud, que ha sido una de las principales víctimas propiciatorias de las políticas de ajuste neoliberal: seis millones de niños y jóvenes menores de 21 años se encuentran actualmente bajo la línea de pobreza. Se otorgarán becas para la finalización de los estudios primarios y secundarios y para capacitación, orientadas a garantizarles una digna inserción laboral. - Cambios en los institutos de menores y las cárceles promoviendo una política destinada a superar la inhumana situación donde se encuentran hacinados más de 30.000 jóvenes, de los cuales el 90% son pobres, sometidos a abusos y sin esperanzas de rehabilitación - Reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a sus territorios y a la reivindicación de sus identidades étnico-culturales, en la reconstrucción de un país donde la diferencia ha de ser la base de la igualdad y no de la discriminación o el desprecio. - Ampliar los derechos de no discriminación a los inmigrantes de países vecinos, a quienes tienen capacidades diferentes y a todos aquellos que sufren condiciones de desprotección social. - Plan de promoción de un área de empresas sociales de calidad. Se promocionará la construcción de un amplio sector de empresas sociales de calidad -cooperativas, autogestionadas y similares- en el sector industrial, rural, de comercialización y servicios, basadas en la rica experiencia de las empresas recuperadas. Se garantizará el apoyo técnico de las universidades nacionales y de la Universidad Tecnológica Nacional en las distintas regiones del país, así como la disposición de créditos blandos en función de sus necesidades. Apoyo a las Pymes y otros emprendimientos productivos, mientras los subsidios a la desocupación o a la pobreza se convertirán en una forma de transición, garantizando la calificación laboral que les permita acceder a un trabajo digno y bien remunerado. - Revertir la dinámica de reconversión tecnológica salvaje, en tanto la disminución en un 75% en los requerimientos de tiempo de trabajo humano para todas las áreas de la actividad social que conllevan las tecnologías de avanzada, no supone necesariamente el desplazamiento de trabajadores. La única respuesta viable ante la actual crisis de sobreproducción por carencia de demanda, es la disminución de la jornada laboral manteniendo salarios justos, tal como ocurriera durante los "treinta años de oro" posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial: la jornada semanal bajó masivamente desde las 72 horas de principios del siglo XX a 40 horas; una disminución del 45% que coincidiera con los más altos y sostenidos niveles de crecimiento económico, tanto del sistema capitalista como del socialista. La única solución a una crisis de sobreproducción por carencia de demanda derivada de la polarización de la riqueza -el 20% más rico de la población concentra el 87% de esos ingresos- es una redistribución de esa riqueza en gran escala. La reconversión tecnológica salvaje impulsada durante las dos últimas décadas, ha creado una masa de población sobrante cuya dimensión ronda los 2.500 millones de personas en el mundo y tiende a hacer inviables a las sociedades, aún para los sectores privilegiados. - El subsuelo será considerado un dominio nacional, tal como fuera establecido en el Artículo 40 de la Constitución de 1949, garantizando una justa coparticipación de las provincias en las rentas de los recursos estratégicos. - Modificación inmediata del Código de Minería, el cual ha permitido a las corporaciones transnacionales mineras y a sus socios locales una explotación irracional y depredadora de nuestras reservas que, además, salen del país sin ningún tipo de control público, a mera declaración jurada. Se prohibirá la explotación minera a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro y similares. - Protección del ecosistema, el agua, la tierra, los bosques nativos, los lagos y glaciares, que deben ser preservados de cualquier tipo de contaminación: las rentas privadas de las grandes empresas no pueden ser jerarquizadas frente al respeto a la vida y a la naturaleza. Se protegerán los parques nacionales y las tierras fiscales, junto a una dura restricción ante los procesos de extranjerización del territorio nacional. - Plan Agrario Nacional: con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la diversidad agropecuaria que está en riesgo por la expansión de la frontera sojera; promover un repoblamiento del campo y limitar las áreas destinadas a cultivos transgénicos, con prohibición del uso de glifosato y otras sustancias tóxicas; atender a las demandas de tierra de las comunidades indígenas y campesinas; favorecer a los pequeños y medianos productores. - Control público sobre los puertos, el comercio exterior y las exportaciones del sector, actualmente en manos de corporaciones transnacionales que se guían por sus exclusivos objetivos de lucro, sin tomar en consideración los intereses de la Nación. - La recuperación de la soberanía económica y financiera. - Revisión de la legitimidad de la deuda externa tomando como punto de partida el dictamen del Juez Ballestero a partir de la denuncia de Alejandro Olmos, que hace años duerme en los cajones del Parlamento. - Reforma tributaria: Es perentorio cambiar un sistema que desde hace décadas exhibe un perfil duramente regresivo, contemplando una disminución de los impuestos al consumo y el estricto control del impuesto a las ganancias, a la tenencia de la tierra y a las exportaciones, así como la imposición de gravámenes a las transferencias de activos y utilidades financieras, actualmente eximidas de impuestos. - Políticas activas de defensa del Atlántico Sur, las Malvinas, la plataforma marítima y - Esta defensa incluye tanto la reivindicación de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas y la Antártida, como la ampliación de la soberanía marítima a 350 millas, junto a un estricto control sobre la explotación de los recursos pesqueros y las reservas submarinas de petróleo y gas. - Democratización del sistema político, mediante una reforma del sistema electoral a fin de evitar las disímiles modalidades de fraude, imponiendo el voto electrónico. - Reorganización democrática de las instituciones del Poder Judicial (jueces y fiscales federales), del Consejo de la Magistratura y de las Cortes de Casación. Designación de jueces por concurso público. - Democratización del Parlamento con la publicación semanal obligatoria del Diario de Sesiones y creación de un canal de televisión parlamentario que permita conocer el desarrollo de los debates legislativos en las comisiones y en el recinto y las posiciones de las distintas fuerzas políticas sobre cada tema. - Reorganización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, subordinadas a la voluntad soberana del pueblo, a fin de incorporarlas en un proyecto de transformación nacional, democrática y social. - Lucha efectiva contra la corrupción económica y financiera reconstruyendo las instituciones de control y gestión que permitan enfrentar la corrupción de las corporaciones políticas, de las fuerzas de seguridad y de sus cómplices en el Poder Judicial, como condición para restablecer el Estado de Derecho. - Garantizar un Estado de Justicia y Soberanía para garantizar el Estado de Justicia, acabar con la impunidad de los poderosos, ampare al conjunto de los habitantes y defienda una ciudadanía plena. - Creación de las instituciones pertinentes que garanticen la ejecución de las políticas económicas y sociales, el control de la moneda, de la redefinición del perfil impositivo, de los recursos estratégicos y de las rentas que habrán de permitir la implementación de las distintas estrategias con financiamiento propio. - Promoción de una democracia participativa orientada a reemplazar la actual democracia delegativa, con mecanismos de control social, iniciativas populares, plebiscitos y revocación de mandatos. Consulta pública a las organizaciones sociales sobre la orientación de los presupuestos fiscales, que permitan una real transparencia en el manejo de los fondos nacionales, provinciales y municipales. - Defensa activa de los Derechos Humanos contra los crímenes de lesa humanidad, y su concepto abarcador en lo nacional, social, étnico y cultural. - Lucha integral contra el crimen organizado contra la inseguridad y el tráfico de drogas partiendo de una crítica radical a las posiciones que pretenden reducir este problema a la participación de jóvenes acosados por la pobreza y la indigencia, ignorando las estructuras del delito que incluyen bandas compuestas por fracciones políticas, funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad e integrantes de los tribunales federales y provinciales. - Convocatoria a una Convención Constituyente a fin de promover una reforma de la Constitución sustentada en un amplio y riguroso debate sobre un proyecto nacional, que nos permita superar las secuelas de la dictadura militar y de las políticas neoliberales de despojo y marginación social que sufriera Argentina en las últimas décadas. "Es preciso libertar a la política, a la escuela, al colegio, a la Universidad, de todo coloniaje mental, porque de tal sumisión resulta en nuestros países la entrega de su economía, de su política, de su cultura." (Documento Liminar.1918) - Reforma integral del sistema educativo tomando en consideración cuatro líneas fundamentales, sustentadas en el principio de fortalecer la educación pública, democratizar los procesos educativos y erradicar la idea de la educación como mercancía en todos sus niveles. - Fuertes inversiones públicas en infraestructura con el objeto de garantizar un sistema pre-primario, primario y secundario de excelencia para el conjunto de la población, que se convierta en la referencia pedagógica de la educación nacional. El sistema educacional debe disponer del tiempo y el espacio necesarios para una formación integral de nuestros niños y jóvenes, contando con doble escolaridad, de modo tal de incluir actividades creativas, de recreación, deportes y otros aspectos que hagan de las escuelas sitios atractivos y de formación ciudadana para los estudiantes. - Reconocimiento de la dignidad de las identidades culturales de los alumnos. Supone valorar las culturas y los conocimientos que gran parte de nuestros niños de sectores populares reciben en su educación primera en el hogar y muchas veces son despreciados por la cultura oficial de la escuela, planteándoles situaciones de ocultamiento y conflicto de lealtades entre los docentes y sus familias. Estas tensiones los afectan emocionalmente, obstaculizan los procesos de enseñanza-aprendizaje y redundan en deserción, repitencia o abandono. - Redefinición de los esquemas pedagógicos y didácticos a fin de eliminar el temor, reconocer el potencial de los conocimientos previos y considerar al error como un aspecto susceptible de enriquecer el proceso de aprendizaje y no como fuente de sanción o humillaciones. - Reconocer el papel estratégico de los docentes, jerarquizando su función con salarios justos y condiciones de trabajo apropiadas. La jornada laboral debe ser de doble turno en una misma escuela, donde se contemplen no más de cuatro horas frente al curso y un tiempo destinado a la formación profesional, la evaluación colectiva de las tareas e intercambio de experiencias, como modo de aportar al perfeccionamiento del sistema en su conjunto. - Desarrollo y fortalecimiento de una conciencia crítica, democrática, nacional y latinoamericana: democratizar los procesos de construcción curricular incorporando los saberes que hacen al desarrollo de un pensamiento crítico que al mismo tiempo sea una herramienta para la comprensión de las distintas regiones en sus aspectos naturales, culturales y sociales. En la definición curricular deben participar tanto el Estado como las universidades nacionales, las organizaciones sociales, los educadores y los estudiantes. -Propuesta de reforma de las universidades nacionales: - Revalorizar el papel de las universidades y de la educación superior no universitaria como una de las fuentes principales de incorporación, procesamiento y producción del conocimiento, que es el recurso estratégico más valioso impuesto por el despliegue de la Revolución Científico-Técnica. En tanto el conocimiento no es neutro, el debate acerca del carácter de este concepto, de las nuevas modalidades que obligan a superar las estrechas fronteras disciplinarias y la taylorización de los saberes, se impone como una tarea ineludible para afrontar el nuevo tiempo histórico. - Formar mentalidades críticas y creativas -en las universidades nacionales y las instituciones de educación superior- capaces de dialogar y enriquecerse con los saberes sociales y culturales. Sustentadas en una ética pública de modo que la producción del conocimiento científico-académico y su enseñanza habrán de tener un sentido solidario y un compromiso con los problemas locales, nacionales y regionales. - Debe garantizarse la plena autonomía universitaria y de la educación superior, a fin de transformarlas en espacios de debate de los temas estratégicos que afectan a las comunidades en las cuales están insertas, abordando al mismo tiempo las temáticas nacionales e internacionales, que permitan aportar al desarrollo de una ciudadanía activa y solidaria. - Democratización de los grandes medios de comunicación e información. Democratizar las comunicaciones y la información, garantizando al conjunto de los ciudadanos y a las organizaciones sociales y comunitarias el derecho a la comunicación e información plural, objetiva, oportuna y veraz. En tanto las licencias pertenecen al sector público y por lo tanto al pueblo de la Nación, debe democratizarse el acceso a las licencias de radiodifusión radial y televisiva y a las señales en todos los sistemas de televisión dirigidas a abonados, como modo de democratizar la producción y difusión de la noticia y tutelar el respeto a la opinión del periodista. La democratización supone revertir el autoritarismo derivado del control monopólico de los medios por parte de un gobierno o del control oligopólico de las corporaciones privadas, facilitando la creación de modalidades sociales de gestión de las comunicaciones y la información. -Reconstrucción del sistema ferroviario, la flota marítima y fluvial, la industria aeronáutica y satelital con producción y tecnología nacional, garantizando calidad y eficiencia en el transporte de cargas y pasajeros, creando miles de puestos de trabajo calificados. Desarrollo de los servicios estratégicos y fundamentales para consolidar la emancipación. - Creación de un polo estatal de empresas públicas de excelencia, técnicamente modernas, gestionadas con una auténtica participación de la comunidad junto a trabajadores, técnicos, usuarios y funcionarios, dentro de un régimen de autonomía que les impida estar sometidas a los vaivenes de los cambios gubernamentales y a la corrupción. Dicho polo deberá actuar como motor de un proceso de reindustrialización del país incorporando conocimientos y tecnologías de avanzada, además de impulsar la creación de empresas públicas latinoamericanas: Ferrocarril del Sur que una el Caribe con la Patagonia; línea aérea internacional; flota mercante, sistema satelital y de telecomunicaciones y similares- que brinden la masa crítica susceptible de dinamizar un desarrollo científico-tecnológico de avanzada con criterios autónomos, que nos permita ingresar de modo independiente en los nuevos escenarios históricos. - Denuncia de los convenios de reciprocidad de inversiones firmados durante el gobierno del presidente Menem, en tanto representan un perjuicio para la Nación y una peligrosa cesión de soberanía. - Política internacional que otorga prioridad a la integración latinoamericana autónoma: en un mundo donde se están diseñando bloques económicos y políticos de alcance continental, la integración autónoma de América Latina desde el Caribe hasta la Antártida, es una condición para la viabilidad histórica de cada uno de nuestros países. Es preciso conformar un bloque regional de defensa de la paz mundial y de la autodeterminación de los pueblos, capaz de transformarnos en reales protagonistas de nuestra historia. Se impulsará el fortalecimiento de Unasur y la consolidación de iniciativas como el ALBA frente a cualquier intento de imponer la subordinación de nuestro continente a la voluntad de las potencias de turno, las interferencias en los asuntos internos o las sanciones arbitrarias como el bloqueo a Cuba, que viene siendo repudiado por una gran mayoría en las Naciones Unidas.
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