martes, 18 de noviembre de 2008

RE: Colombia: 1. La cultura de la ilegalidad se viene incubando... 2. Morir como falso combatiente.


Date: Tue, 18 Nov 2008 16:57:41 -0500
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Subject: Fw: Colombia: 1. La cultura de la ilegalidad se viene incubando... 2. Morir como falso combatiente.
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VIRTIN RED INFORMATIVA


Colombia:
1. La cultura de la ilegalidad se viene incubando...
2. Morir como falso combatiente.

La cultura de la ilegalidad se viene incubando
desde cuando el narcotráfico irrumpió imponiendo
nuevas realidades y hasta una nueva estética

María Jimena Duzán

Sábado 15 Noviembre 2008. Revista Semana. Bogotá

Lo que está pasando con las Pirámides no es simplemente un problema originado porque el gobierno no actuó a tiempo, como lo admitió hace unos días el presidente Uribe en una de sus salidas radiales: es parte del legado que nos deja su gobierno después de seis años de haber validado como premisa fundamental para refundar la patria, la peligrosa tesis de que el fin justifica los medios y de que en ese "todo vale" caben desde el pago de recompensas por una mano cortada hasta el asesinato de jóvenes desadaptados a manos del Ejército para hacerlos aparecer como falsos positivos.

Por eso resulta insólito ver al Presidente en los medios fustigando a los colombianos que se embaucaron en esa vía ilegal cuando él y su gobierno no les han enseñado otra cosa.

Su insistencia por obtener resultados en la lucha contra las Farc hace rato traspasó los márgenes de una ética pública medianamente democrática. La política de recompensas terminó llevándose de calle la norma y la ley y hoy se ha convertido en una fábrica de producción de falsos positivos en los que para cumplir con la política de resultados, se ha llegado al dantesco escenario del asesinato de jóvenes de familias humildes escogidos estratégicamente en todo el país por parte de miembros del Ejército. Ese es el mismo gobierno cuyo Presidente, en lugar de fustigar a los militares involucrados en semejante escándalo, los premia nombrándolos en embajadas, como parece ser el caso del afortunado general Montoya quien, según La W, se iría de embajador para República Dominicana.

Pero también es el mismo Presidente que en lugar de reprender a los congresistas miembros de su coalición que resultaron vinculados a los paramilitares en las investigaciones iniciadas por la Corte Suprema de Justicia, osa pedirles su votico antes de que entren a la cárcel, dando a entender que para él, lo verdaderamente importante son los votos, es decir, los resultados, y que le importa un bledo que estos sufragios estén untados de sangre.


Un Presidente que envía estos mensajes a la opinión pública y que en los consejos comunales le pide a la Policía como en el viejo Oeste que acabe con unos matones por cuenta suya, difícilmente puede tener la autoridad moral para reprender a los colombianos que se embaucaron en las pirámides.

Pero si el Presidente no tiene autoridad moral para increpar a los colombianos que metieron sus ahorros en estas pirámides, tampoco la tiene para condenar a los empresarios que las crearon, así hoy los considere unos malos hijos de esta patria. Las pirámides que hoy se están derrumbando pudieron crecer y fortalecerse a pesar de que el gobierno sabía lo que eran. Pero además, como sucedió con los falsos positivos dentro del Ejército, se desoyeron las alertas que varios medios hicieron en su debido momento, de manera olímpica. Y sólo cuando el derrumbe de estas pirámides se convirtió en un problema social y de orden público y el gobierno salió a cuestionarlas, vinimos a saber los colombianos que en ese baile habían participado hasta los hijos del Presidente, quienes, según lo afirmó David Murcia, presidente de DMG, habrían llegado a ser importantes negocios con su firma, hecho que más tarde fue parcialmente desmentido por uno de sus hijos.

David Murcia y su DMG son el reflejo de esa cultura que desprecia las vías normales y que gusta de los atajos para conseguir sus fines. Fue creciendo bajo esa sombrilla, desbordando todas las fronteras, todos los controles hasta convertirse en el mejor reflejo de la ética pública que impera hoy en el país. Que se recuerde ni el gobierno ni su Ministro de Hacienda vieron en esta ni en otras pirámides un tema para ser tomado en cuenta en la agenda pública. Y de no haber sido por los medios, DMG y su faraón seguirían siendo unos héroes anónimos de la cultura ilegal y no unos presuntos estafadores, como ahora el gobierno dice que son.

No obstante, resultaría injusto endilgarle al gobierno de Uribe el fortalecimiento de la cultura de la ilegalidad en el país. La realidad es que esta se viene incubando desde cuando el narcotráfico irrumpió en nuestra sociedad imponiendo nuevas realidades y hasta una nueva estética. Desde entonces, la importancia de los atajos como vía para conseguir el fin y la cultura del dinero fácil han ido transformando culturalmente al país, tomándose la política y los partidos y creando una nueva ética pública que al presidente Uribe parece no disgustarle para nada.

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EL MUNDO › EN COLOMBIA INVESTIGAN 1155 MUERTES EXTRAJUDICIALES

Morir como falso combatiente


El ejército busca generalmente indigentes o drogadictos: los secuestra, los traslada lejos de su zona y luego los registra como guerrilleros abatidos para evitar que alguien los reclame. Una práctica que parece ser generalizada.

Por Winston Manrique *
Desde Bogotá
http://www.pagina12.com.ar:80/diario/elmundo/4-115204-2008-11-18.html


De un día para otro, al muchacho que se ganaba la vida como estatua viviente en un parque de Neiva el ejército lo hizo aparecer como un guerrillero muerto en combate. Nadie ha salido del asombro en esta ciudad al sur de Colombia. Mientras, el país asiste horrorizado a la denuncia de 1155 víctimas de ejecuciones extrajudiciales como ésta, que investiga la Fiscalía General de la Nación por todo el territorio colombiano. Se acusa a las fuerzas públicas de registrar como guerrilleros caídos en combate a personas inocentes, llamados "falsos positivos". Más de 3000 funcionarios de las Fuerzas Armadas son investigados, incluidos generales.

Un boomerang al que se enfrenta el presidente colombiano, Alvaro Uribe. El mandatario basó gran parte de su política de seguridad democrática para combatir a la guerrilla, primero, en un sistema de recompensas a civiles que informaran sobre guerrilleros, lo cual pudo haber generado una red de delincuencia o negocio de muertos, según advirtió el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana; y, segundo, en la estrategia de privilegiar los incentivos militares según el número de bajas en combate.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció el domingo la destitución de otros trece militares por este escándalo, que se unen a los veintisiete miembros del ejército que ya fueron relevados hace tres semanas. Con estas destituciones y la renuncia del comandante del ejército, Mario Montoya (responsable de la operación en la que se liberó a Ingrid Betancourt en julio), el gobierno, afirma el fiscal, "ha pretendido salvar su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional". "Pero si comprobamos que ésta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad", añade.

No son casos aislados. En Neiva, cubierto de blanco de la cabeza a los pies, Miller Andrés Blandón acudía al Parque Cívico a ganarse la vida como estatua humana. Hacía poco había salido de un centro de desintoxicación de drogas y convertido la Casa de Apoyo al Habitante de la Calle en su refugio, dice el coordinador del programa, Antonio Torres. El 17 de julio, Blandón acudió allí a comer. Cuando los indigentes terminaron, llegaron dos hombres en una moto y les ofrecieron trabajo como recolectores de café. Sólo tres de ellos se creyeron el cuento y se fueron a juntar café.

Al día siguiente, las noticias del mediodía dijeron que tres guerrilleros habían caído en combate en las selváticas montañas de los Andes del municipio de San José de Isnos.

Al atardecer, uno de los miembros de la fiscalía que hizo el levantamiento de los cadáveres encontró en la cartera de una de las víctimas su documento de identidad, a nombre de Miller Andrés Blandón, y apuntado un número de móvil. Llamó, y la segunda esposa de su abuelo, Silvia Segura, negó que ese muchacho de 24 años fuera guerrillero.

Los otros dos indigentes siguen enterrados como no identificados. Igual que en muchos de los casos investigados en catorce departamentos, ya que se buscan personas que no sean de la región, las secuestran, las trasladan lejos de su zona y luego el ejército las registra como guerrilleros caídos en combate para evitar que alguien las reclame.

Colombia se ha convertido en un territorio minado para Uribe, ante la continua denuncia de estas ejecuciones extrajudiciales. Según la analista política Claudia López, estos hechos dejan en evidencia la ineficacia del control y mando del gobierno frente a sus instituciones militares y de los comandantes frente a sus subalternos y la negligencia frente a las denuncias de violación de derechos humanos.

El país es observado. Días antes de su elección como presidente de Estados Unidos, el 4 de noviembre, Barack Obama aseguró en uno de los debates de la campaña que no firmaría con Colombia el Tratado de Libre Comercio mientras no haya garantías de derechos humanos.

Son 1155 muertes que investiga la fiscalía –como el caso de Miller Andrés Blandón–, de indigentes, drogadictos o marginados, más otras 2000 denunciadas por otras instituciones. Todo para cumplir con los resultados pedidos, obtener ascensos, condecoraciones o, simplemente, para disfrutar de permisos en días especiales. Ocurrió el Día de la Madre de 2007, cuando en el Batallón de Infantería 31, el soldado Luis Esteban Montes advirtió infructuosamente a su comandante de que la persona que habían secuestrado sus compañeros con el fin de hacerla pasar por un guerrillero muerto era su hermano.

Desde la llegada de Uribe al gobierno, en 2002, se han denunciado casos de "falsos positivos" por parte de familiares u organizaciones de derechos humanos que lo único que recibían del presidente eran descalificaciones o acusaciones.

Un presidente que en su primer acto público, el 8 de agosto de 2002, anunció su política de estímulo y recompensas a civiles, y la pretensión de convertir a Colombia en un país de informantes. Lo que ha generado muchos debates y casos asombrosos. El semestre pasado, el guerrillero alias Rojas se presentó ante un comando del ejército con la mano de su jefe Iván Ríos, del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como prueba, y diciendo dónde estaba el cadáver. Yacía junto al de la novia de éste, a la que también había matado. Tras una polémica nacional sobre la legalidad y moralidad de que Rojas recibiera la recompensa, finalmente le fue concedida.

Según las estadísticas del propio gobierno, cuando Uribe llegó a la presidencia, en Colombia había 15.000 hombres de las FARC. Según esas mismas fuentes, en estos seis años se han desmovilizado, han sido capturados o han muerto en combate 55.000 guerrilleros. Las cuentas no cuadran. "Una prueba –reflexiona Claudia López– de la obsesión por justificar resultados absurdos."

Aunque en Colombia nadie niega que la seguridad del país ha mejorado, que hay más confianza por parte de los inversores extranjeros y que las FARC parecen heridas, cuarenta y cinco millones de colombianos se preguntan perplejos si acaso, para solucionar el conflicto armado, todo vale.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.

Cortesía de: roosevelt barboza barboza.roosevelt@gmail.com
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