Juan Carlos Linares Balmaseda, especial para AHNNA
22 de octubre de 2009
La Habana – El doctor Darsi Ferrer Ramírez, activista de los Derechos Humanos, continúa acusado de los delitos de Receptación y Atentado, aunque esta última acusación se suponía que había sido desestimada por parte de la instrucción policial y la fiscalía.
Por la primera acusación pudieran encausarlo de tres meses a un año de prisión o multa. Por la segunda, de uno a tres años de trabajo correccional, con o sin internamiento.
El doctor continúa la huelga de hambre en la prisión de Valle Grande desde el pasado 13 de octubre. Desde entonces, las autoridades que lo mantienen en custodia no le permiten comunicarse con su familia ni tener visita de la esposa.
Como represalia lo transfirieron del destacamento 18 a la compañía 12, con reclusos de alto nivel de peligrosidad. Le retiraron los medicamentos con los que aliviaba la sepsis bucal que padecía y una jarra para calentar agua.
Reclusos de esta compañía (12) denunciaron que en septiembre pasado hubo un brote de tuberculosis, y además se suicidó uno de los reclusos.
El opositor pacífico tomó la decisión de iniciar la huelga tras sufrir casi tres meses de encierro en la citada prisión habanera, por causas que ya tendrían que haber sido sujetas a fianza, aguardando la vista pública en su casa y no encerrado en prisión preventiva, todo ello a pesar de que esta alternativa legal está claramente contemplada en la ley penal, en cuyos términos el doctor Ferrer califica.
La medida cautelar (prisión preventiva) tomada contra el opositor pacífico, generalmente sólo se le debe aplicar a individuos que pueden intentar escapar a la acción judicial o a personas con una conducta delincuencial reiterada, lo que no es el caso del doctor Ferrer, según especialistas en la materia.
22 de octubre de 2009
La Habana – El doctor Darsi Ferrer Ramírez, activista de los Derechos Humanos, continúa acusado de los delitos de Receptación y Atentado, aunque esta última acusación se suponía que había sido desestimada por parte de la instrucción policial y la fiscalía.
Por la primera acusación pudieran encausarlo de tres meses a un año de prisión o multa. Por la segunda, de uno a tres años de trabajo correccional, con o sin internamiento.
El doctor continúa la huelga de hambre en la prisión de Valle Grande desde el pasado 13 de octubre. Desde entonces, las autoridades que lo mantienen en custodia no le permiten comunicarse con su familia ni tener visita de la esposa.
Como represalia lo transfirieron del destacamento 18 a la compañía 12, con reclusos de alto nivel de peligrosidad. Le retiraron los medicamentos con los que aliviaba la sepsis bucal que padecía y una jarra para calentar agua.
Reclusos de esta compañía (12) denunciaron que en septiembre pasado hubo un brote de tuberculosis, y además se suicidó uno de los reclusos.
El opositor pacífico tomó la decisión de iniciar la huelga tras sufrir casi tres meses de encierro en la citada prisión habanera, por causas que ya tendrían que haber sido sujetas a fianza, aguardando la vista pública en su casa y no encerrado en prisión preventiva, todo ello a pesar de que esta alternativa legal está claramente contemplada en la ley penal, en cuyos términos el doctor Ferrer califica.
La medida cautelar (prisión preventiva) tomada contra el opositor pacífico, generalmente sólo se le debe aplicar a individuos que pueden intentar escapar a la acción judicial o a personas con una conducta delincuencial reiterada, lo que no es el caso del doctor Ferrer, según especialistas en la materia.
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