sábado, 19 de junio de 2010

RE: [boletin-dh] Rechazo a deportación y operativos contra migrantes en Ecuador

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From: info@inredh.org
To: boletin-dh@lists.riseup.net
Date: Fri, 18 Jun 2010 18:33:13 -0500
Subject: [boletin-dh] Rechazo a deportación y operativos contra migrantes en Ecuador

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Rechazo a "Operativos para la identificación de irregulares" y deportaciones

Implementadas por el gobierno del Ecuador

 

 

La Coalición por las Migraciones y el Refugio como red de organizaciones y personas

vinculadas con la promoción y protección de derechos humanos de las personas en

movilidad humana (emigrantes, inmigrantes, desplazados/as, refugiados/as) en el Ecuador,

expresamos ante la comunidad nacional e internacional nuestro enérgico rechazo a la

adopción e implementación por parte del Estado Ecuatoriano de "operativos para la

identificación de personas irregulares" en el país, sustentada en una práctica de redadas,

detenciones y expulsiones.

 

Estos operativos se han intensificado desde el 10 de junio en todo el país y se manejan con

una concepción claramente restrictiva y criminalizadora de la población inmigrante,

particularmente colombiana y cubana, a quienes se presenta como causantes del

incremento de la violencia y delincuencia existente en el país.

 

De esta forma, aunque las autoridades sostienen que la deportación es una medida de

control administrativo, la implementan como práctica de seguridad inserta en controles

antidelincuenciales, fortaleciendo el nexo de personas de otras nacionalidades con la

violencia y como una amenaza para el país.

 

Esta práctica devela la adopción de dispositivos de estigmatización y xenofobia, a través de

operativos en zonas de mayor concentración de población y dirigidas a personas que por su

apariencia, ocupaciones y dialecto se sospecha que están en situación irregular en el país.

 

La implementación de estos operativos develan además el incumplimiento de normas

constitucionales y estándares internacionales básicos del debido proceso para

deportaciones, como son:

 

1. Asistencia consular

 

2. Derecho a la defensa

 

3. Juzgamiento individualizado que permita que cada persona pueda exponer los

motivos y circunstancias que han determinado su permanencia en el país.

 

4. Respeto al derecho de no devolución para las personas cuya vida, seguridad e

integridad se encuentre en riesgo a consecuencia de la deportación.

 

5. Trato especial y preferente para personas en situación de riesgo: víctimas de trata,

niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres y hombres jefes de

hogar, personas con discapacidad, adultos/as mayores y personas que tienen

vínculos y responsabilidades familiares con personas ecuatorianas.

 

6. Prohibición de deportaciones colectivas.

 

La Coalición considera que la política adoptada por el Estado ecuatoriano atenta a los

principios garantistas establecidos en la Constitución de la República en especial el Artículo

40 que reconoce el derecho a la libre movilidad humana y que no existen seres humanos

ilegales, así como el Art. 416 num. 6 que propugna el principio de ciudadanía universal, la

libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de

extranjero; y los Art. 11 num. 2 y 416 num. 5, que establecen la obligación del Estado de

rechazar el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.

 

El nuevo marco constitucional exige que las normas secundarias, así como planes o

disposiciones de políticas públicas emitidas por el Estado, guarden la debida concordancia

con la Constitución y por lo tanto no pueden restringir el contenido de los derechos ni las

garantías constitucionales.

 

La decisión adoptada por el gobierno también refleja una falta de coherencia, en su discurso

ante la comunidad nacional e internacional, entre propugnar protección para las personas

ecuatorianas que se encuentran en situación irregular en el exterior, condenar las medidas

restrictivas para éstos, y las acciones represivas hacia las personas extranjeras que se

encuentran en similar situación en el Ecuador.

 

Lo paradójico es que el gobierno utilice los mismos argumentos en base a los cuales se han

fundamentado las políticas y directivas de retorno europeo y de EEUU, como la

recientemente aprobada ley de Arizona, esto es de seguridad, defensa del mercado nacional

de trabajo y soberanía estatal, para legitimar los procesos de identificación y deportación de

personas en situación irregular. La solución al problema de la irregularidad no es la

deportación, sino la implementación de un serio proceso de regularización.

 

El incremento del delito es un problema más profundo que refleja deficiencias estructurales

del modelo económico, político y social del país. La solución al problema de la delincuencia

no está en la utilización de las personas extranjeras como chivos expiatorios, sino en

garantizar el régimen del buen vivir y el establecimiento de un Estado constitucional de

derechos y de justicia.

 

Para los casos de personas, cualquiera sea su nacionalidad y condición migratoria, que

hayan cometido delitos, el Estado posee mecanismos jurídicos para su juzgamiento y

sanción.

 

Frente a estos hechos, la Coalición demanda al gobierno nacional una revisión de su política

migratoria interna, una justa adecuación de sus prácticas al marco constitucional y a los

compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos, y por tanto el

cese de esta política de deportaciones.

También hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar activamente

vigilante del respeto de los derechos de todas las personas en movilidad.

 

Quito, 18 de junio de 2010

Por la Coalición

Javier Arcentales

Secretario Técnico

 

 

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