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Date: Fri, 18 Jun 2010 18:33:13 -0500
Subject: [boletin-dh] Rechazo a deportación y operativos contra migrantes en Ecuador
Rechazo a "Operativos para la identificación de irregulares" y deportaciones
Implementadas por el gobierno del Ecuador
La Coalición por las Migraciones y el Refugio como red de organizaciones y personas
vinculadas con la promoción y protección de derechos humanos de las personas en
movilidad humana (emigrantes, inmigrantes, desplazados/as, refugiados/as) en el Ecuador,
expresamos ante la comunidad nacional e internacional nuestro enérgico rechazo a la
adopción e implementación por parte del Estado Ecuatoriano de "operativos para la
identificación de personas irregulares" en el país, sustentada en una práctica de redadas,
detenciones y expulsiones.
Estos operativos se han intensificado desde el 10 de junio en todo el país y se manejan con
una concepción claramente restrictiva y criminalizadora de la población inmigrante,
particularmente colombiana y cubana, a quienes se presenta como causantes del
incremento de la violencia y delincuencia existente en el país.
De esta forma, aunque las autoridades sostienen que la deportación es una medida de
control administrativo, la implementan como práctica de seguridad inserta en controles
antidelincuenciales, fortaleciendo el nexo de personas de otras nacionalidades con la
violencia y como una amenaza para el país.
Esta práctica devela la adopción de dispositivos de estigmatización y xenofobia, a través de
operativos en zonas de mayor concentración de población y dirigidas a personas que por su
apariencia, ocupaciones y dialecto se sospecha que están en situación irregular en el país.
La implementación de estos operativos develan además el incumplimiento de normas
constitucionales y estándares internacionales básicos del debido proceso para
deportaciones, como son:
1. Asistencia consular
2. Derecho a la defensa
3. Juzgamiento individualizado que permita que cada persona pueda exponer los
motivos y circunstancias que han determinado su permanencia en el país.
4. Respeto al derecho de no devolución para las personas cuya vida, seguridad e
integridad se encuentre en riesgo a consecuencia de la deportación.
5. Trato especial y preferente para personas en situación de riesgo: víctimas de trata,
niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres y hombres jefes de
hogar, personas con discapacidad, adultos/as mayores y personas que tienen
vínculos y responsabilidades familiares con personas ecuatorianas.
6. Prohibición de deportaciones colectivas.
La Coalición considera que la política adoptada por el Estado ecuatoriano atenta a los
principios garantistas establecidos en la Constitución de la República en especial el Artículo
40 que reconoce el derecho a la libre movilidad humana y que no existen seres humanos
ilegales, así como el Art. 416 num. 6 que propugna el principio de ciudadanía universal, la
libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de
extranjero; y los Art. 11 num. 2 y 416 num. 5, que establecen la obligación del Estado de
rechazar el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.
El nuevo marco constitucional exige que las normas secundarias, así como planes o
disposiciones de políticas públicas emitidas por el Estado, guarden la debida concordancia
con la Constitución y por lo tanto no pueden restringir el contenido de los derechos ni las
garantías constitucionales.
La decisión adoptada por el gobierno también refleja una falta de coherencia, en su discurso
ante la comunidad nacional e internacional, entre propugnar protección para las personas
ecuatorianas que se encuentran en situación irregular en el exterior, condenar las medidas
restrictivas para éstos, y las acciones represivas hacia las personas extranjeras que se
encuentran en similar situación en el Ecuador.
Lo paradójico es que el gobierno utilice los mismos argumentos en base a los cuales se han
fundamentado las políticas y directivas de retorno europeo y de EEUU, como la
recientemente aprobada ley de Arizona, esto es de seguridad, defensa del mercado nacional
de trabajo y soberanía estatal, para legitimar los procesos de identificación y deportación de
personas en situación irregular. La solución al problema de la irregularidad no es la
deportación, sino la implementación de un serio proceso de regularización.
El incremento del delito es un problema más profundo que refleja deficiencias estructurales
del modelo económico, político y social del país. La solución al problema de la delincuencia
no está en la utilización de las personas extranjeras como chivos expiatorios, sino en
garantizar el régimen del buen vivir y el establecimiento de un Estado constitucional de
derechos y de justicia.
Para los casos de personas, cualquiera sea su nacionalidad y condición migratoria, que
hayan cometido delitos, el Estado posee mecanismos jurídicos para su juzgamiento y
sanción.
Frente a estos hechos, la Coalición demanda al gobierno nacional una revisión de su política
migratoria interna, una justa adecuación de sus prácticas al marco constitucional y a los
compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos, y por tanto el
cese de esta política de deportaciones.
También hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar activamente
vigilante del respeto de los derechos de todas las personas en movilidad.
Quito, 18 de junio de 2010
Por la Coalición
Javier Arcentales
Secretario Técnico
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