| Fecha de envío: | 01/03/2008 |
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El Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió a proteger a la población infantil afectada por los conflictos armados en el mundo y advirtió de su intención de imponer sanciones a los grupos que reclutan niños soldados.El máximo órgano de las Naciones Unidas se manifestó partidario de aumentar la presión en favor de los menores víctimas de conflictos armados en una declaración adoptada al término de un debate abierto sobre ese drama. Los conflictos armados han costado la vida en la última década a unos 10 millones de menores y heridas a otros seis millones, según la ONU. El debate del 12 de febrero fue presidido por el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Samuel Lewis Navarro, cuyo país encabeza este mes el Consejo de Seguridad.
"No podemos continuar ignorando este tipo de problemas, y mucho menos podemos ignorar la responsabilidad de actuar", dijo el ministro panameño a la salida del acto. Lewis Navarro señaló: "hoy en día hay un alto reconocimiento del problema y hemos visto cómo algunos de los órganos jurídicos internacionales avanzan en la penalización, pero tenemos que hacer mucho más".El canciller se mostró complacido por la presencia en el debate de su homólogo francés, Bernard Kouchner; del ministro de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, Charles Michel, y del subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores de ITALIA, Vittorio Craxi, además de representantes de otros 51 países.
Este articulo trata de analizar la responsabilidad de los Estados frente a los derechos del Niño, desde la perspectiva de un experto como Norberto Liwski, para aterizar en un caso concreto lleno de contradiciones como es el plan de erradicacion regional del trabajo infantil en la Comunidad Andina CAN que no responde a las necesidades y a la realidad de los miliones de niño, niñas y adolescentes trabajadores de Latinoamerica.LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS FRENTE A LOS DERECHOS DEL NIÑO
Norberto Liwski, Ex Vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y Asesor del Instituto Interamericano del Niño - OEA, ha analizado la responsabilidad de los Estados frente a los derechos del Niño durante el dia de debate general del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizado en Palacio Wilson, Ginebra, el 21 de septiembre de 2007.
"En primer lugar cabe destacar que el Comité de Derechos del Niño supo recepcionar una creciente inquietud de diferentes organizaciones nacionales, regionales e internacionales que transitando por esta esencial y compleja temática requerían de este órgano de tratado la amplificación de sus experiencias y la profundización conceptual y operativa en la materia. Cabe pues el reconocimiento a estos movimientos de la sociedad civil que tuvieron en los países de América Latina y África uno de los puntos de mayor incidencia global.Por otra parte y como muy bien lo señalaron diferentes Miembros del Comité en sus respectivas intervenciones era necesario dar apertura a un nuevo momento en el sistema de verificación en el cumplimiento de los compromisos de los Estados con la Convención, particularmente el artículo 4. Asimismo, el Comité entendió que era la oportunidad de reforzar sus propias capacidades para generar las observaciones y recomendaciones que contribuyan más eficazmente al cumplimiento de sus objetivos, incluyendo la esfera de la cooperación internacional reafirmando la necesidad de asegurar el compromiso de los países ricos de ayuda al desarrollo con un 0,7%.Estos diversos actores institucionales advirtieron que al debatir sobre inversión estamos ingresando en las zonas menos visibles de los derechos de los niños, pero a su vez la más sensible y concluyente para expresar la voluntad política de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales en particular y su proyección al conjunto de derechos.
Si bien la naturaleza del tema nos aproxima a niveles de análisis de alta especificidad técnica, el recorrido del tratamiento del tema que propuso el Comité reafirma que el mismo se efectúa desde el enfoque de derechos en la que se destaca la visión holística de la Convención sobre los Derechos del Niño, como la universalidad, integralidad y exigibilidad de los derechos que componen la trama tanto de los principios generales (interés superior del niño; no discriminación; derecho a la vida; derecho a ser escuchado), como de las disposiciones conexas al artículo 4 incluyendo el fortalecimiento familiar y comunitario, artículo 24 el derecho a la salud, articulo 26 el derecho a la seguridad social, artículo 27 derecho a adecuado estándar de vida, artículos 28 y 29 derecho a la educación y al juego dentro del concepto de realización progresiva que implica a su vez la actuación inmediata de los Estados.De modo que en la identificación de los aspectos mas destacados y reiterados de este Día de Debate se combinan componentes de la macroeconomía con la perspectiva de derechos e interés superior, que en muchos casos dan por resultado una necesaria revisión crítica de modelos ajenos a esta concepción.Me permito a continuación señalar de manera transversal, es decir integrando los dos sub temas y sin pretender un orden de categorías o jerarquías, algunas preocupaciones comunes como asimismo orientaciones que se recogen dirigidas a los Estados Partes, la sociedad civil y al propio Comité.
La relación entre legislación vigente, que asegure la intangibilidad en la asignación de recursos, los presupuestos y los planes de acción están requiriendo una exigente armonización.En tal sentido es necesario formular y hacer uso de las cadenas presupuestales para precisar la conexión entre el proceso de asignación presupuestaria en sus países y sus planes de acción para la infancia y otras políticas relevantes como las estrategias de lucha contra la pobreza (UNICEF Bélgica).
Asimismo se reafirmó que para dar un paso mas en asegurar la vigencia de los derechos deberá superarse el solo análisis presupuestal y adoptar una visión integral reconociendo que las reformas económicas repercuten sobre los derechos de los niños y en consecuencia deberá identificarse como requisito el impacto que producirán en el cumplimiento de sus derechos, incluyendo las operaciones de endeudamiento (Save the Children).
En tal sentido, se ha propuesto que los gobiernos impliquen mas y mejor a la sociedad civil y prioricen la asignación y ejecución de presupuestos públicos no solo en la cobertura y calidad de los servicios básicos sociales, sino además sobre otras áreas (sector militar, pago de deuda pública).
En otro orden, se manifestó fuerte preocupación sobre la administración y la necesidad de cambios organizacionales, tanto a nivel nacional como local, de tal manera de alcanzar el objetivo de resultados compatibles con la garantía de derechos con una administración pública transparente, eficaz y eficiente. Bajo estos principios administrativos, los Estados deberán fomentar la equidad distributiva de los recursos de modo que el criterio de asignación corresponda al grado de necesidad para el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales. El índice de Desarrollo Humano constituye un instrumento adecuado de universal aprobación y la necesidad de construcción de indicadores adecuados al enfoque de derechos respecto de la inversión, como asimismo se señaló la importancia de estudios sobre los criterios de asignación de prioridades.
Promover la participación ciudadana y muy especialmente la de organizaciones de niños/as, debe constituirse en un aspecto relevante de las políticas públicas tanto en su diseño como en la auditoria social de la inversión para la niñez. En otro ámbito de preocupaciones se señalaron las deficientes modalidades de información, orientándose en tal sentido a que los Estados implementen un sistema público de información oficial que permita monitorear la información destinada a los niños, niñas y adolescentes, a través de indicadores de resultados, procesos e insumos, con el fin de visualizar a los niños, niñas y adolescentes en el presupuesto público y democratizar la información. Bajo esta misma orientación se destacó el importante rol que deben cumplir las instituciones nacionales independientes de Derechos del Niño, en tanto supervisión y vigilancia del cumplimiento de estos derechos y garantías de adecuada rendición de cuentas.
La información que se requiere del Estado deberá incluir la población beneficiaria, el origen de los fondos y sobre que derechos están actuando a través de sus intervenciones.
Se han presentado experiencias de buenas prácticas y de alto aprendizaje, particularmente en la realización de programas de presupuesto participativo y de mejor utilización de los recursos en virtud de alcanzar niveles adecuados de coordinación de los diferentes programas y áreas de políticas públicas para la niñez, fijando asimismo mecanismos técnicos para una mayor asignación y gestión pública por resultados.
El fortalecimiento de la instancia de coordinación nacional, la base presupuestaria de los Planes Nacionales de Acción y la descentralización equitativa y con garantías de gestión, conforman una plataforma de mayor y más adecuada utilización de los recursos, particularmente en los sistemas federales.
Se ha observado con preocupación que en los diferentes ámbitos tanto del sector público como de la sociedad civil se puede apreciar una debilidad en relacionar economía con derechos de los niños, de lo cual surge la necesidad de promover y desarrollar capacidades mediante las variadas ofertas de capacitación, involucrando a la academia e incluyendo su faceta de investigación especializada, orientada tanto al sector público como a la sociedad civil. La relación de los organismos multilaterales de crédito, quienes tienen en sus agendas una enorme responsabilidad de profundizar el análisis del impacto de sus políticas respecto a la implementación de los derechos de los niños y efectuar aquellas revisiones que orienten sus intervenciones de manera integrada con los Planes Nacionales de Acción, consideren especialmente a los organismos de coordinación y evalúen el conjunto de sus acciones bajo el principio del interés superior y el enfoque de derechos de los niños.
Se ha planteado con sumo interés la solicitud de que el Comité inicie la elaboración de un Comentario General sobre el artículo 4 y establecer un diálogo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto del mismo artículo y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" concluye Norberto Liwski.
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