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Subject: Fw: COLOMBIA - CPI: Corte Penal Internacional hace requerimientos a Gobierno de Uribe Vélez
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Subject: Corte Penal Internacional hace requerimientos a Gobierno de Uribe Vélez
CORTE PENAL INTERNACIONAL HACE
REQUERIMIENTOS A GOBIERNO URIBE
Extraditados y parapolíticos en la mira de la CPI
El fiscal Luís Moreno pregunta cómo asegurará Colombia el juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes contra el DIH, incluyendo a extraditados, dirigentes políticos y miembros del Congreso
UNA CARTA del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) al gobierno colombiano, conocida en exclusiva por EL NUEVO SIGLO, plantea una serie de interrogantes que han causado revuelo al interior de las altas cortes y el Ejecutivo.
En efecto, el pasado junio, el fiscal especial de la CPI, Luis Moreno, le envió al embajador de Colombia ante La Haya, Francisco José Lloreda, una comunicación, que revela hoy este diario, en la cual recuerda que 'como es de su conocimiento mi oficina se encuentra analizando la situación colombiana, a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia'.
La misiva se suscitó a raíz de la extradición intempestiva de los jefes paramilitares el pasado mayo. Ante ello, el fiscal Moreno pregunta al gobierno colombiano: '¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente involucrados a los grupos desmovilizados?. En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos'.
Si bien Moreno advierte que 'al día de hoy no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de la investigación', aclara que 'la situación continúa bajo análisis de mi oficina'.
Sin antecedentes
Nunca, hasta el momento, se había presentado un requerimiento tan claro y preciso por parte de los voceros de la CPI al gobierno colombiano a fin de indagar si evidentemente se están cumpliendo las cláusulas del Estatuto Penal Internacional que Bogotá ratificó hace seis años.
Como se sabe ese Estatuto contiene la penalización a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, divididos en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
Aunque Colombia mantiene una reserva de ocho años sobre los crímenes de guerra, que incluso el gobierno Uribe anunció que iba a levantar pero nunca lo hizo, los delitos de lesa humanidad mantienen plena vigencia y pueden ser investigados por la CPI en cualquier momento.
Igualmente, como también se sabe, la jurisdicción de la CPI es subsidiaria o excedente frente a la justicia interna. No obstante, tiene facultades plenas de intervención cuando se comprueba la 'justicia aparente' o resulta evidente que el Estado firmante no ha procedido a las investigaciones y sanciones correspondientes a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
En su oportunidad, en la visita del fiscal Moreno a Colombia en 2007, hizo una clara diferenciación entre crímenes de guerra y de lesa humanidad, aunque en entrevista pública dejó en claro que en muchas oportunidades se producen combinaciones de los mismos.
Petición de información
De la misma manera, se entiende que las investigaciones de la CPI no son retroactivas sino a partir de la protocolización del Tratado.
'En octubre de 2007 – dice el fiscal- tuve la oportunidad de visitar a Colombia con el objetivo de analizar los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo competencia de esta corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo pasado (2008), es importante para la Fiscalía recibir información sobre estos casos'.
Aunque desde los requerimientos del fiscal Moreno el gobierno ha venido insistiendo en que los jefes paramilitares extraditados siguen cubiertos por la ley de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia colombiana ha pedido al Ejecutivo aclaraciones sobre el caso. En efecto, en una nueva declaración conocida ayer, el alto Tribunal vuelve a decir que la desvinculación de los jefes paramilitares de la jurisdicción extraordinaria depende de la rama judicial y no del gobierno.
En el lapso, el gobierno Uribe ha pedido incrementar las penas a los extraditados. No obstante, éstos no pueden juzgarse en Estados Unidos sino por delitos de narcotráfico, por lo que hasta el momento están exentos de que se les procese allí por los crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario.
Al momento de la extradición de los jefes paramilitares se dijo que los Estados Unidos aceptarían indagaciones de los fiscales y magistrados colombianos sobre aquellos delitos de los cabecillas de las autodefensas. Hasta el momento no se ha producido ninguna diligencia al respecto, mientras se adelantan conocidas negociaciones para rebajar las condenas por el tráfico ilícito de drogas.
Ni ha sido posible ni es claro, pues, todo lo referente a la jurisdicción penal internacional.
Como se sabe, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no es firmante del Estatuto de Roma, por considerar contra sus doctrinas la justicia multilateral. Colombia, por su parte, sí es signataria y está obligada a cumplir con los protocolos y convenios.
Carta enviada por el Fiscal Moreno al embajador de Colombia en la Haya, Francisco José Lloreda
SE. Sr. Francisco José Lloreda
Embajador de Colombia
Groot Hertoginnelaan 14
2517 EG, La Haya
Excelencia.
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Como es de su conocimiento, mi oficina se encuentra analizando a situación colombiana a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia.
En octubre de 2007 tuve la oportunidad de visitar Colombia con el objeto de analizar los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo la competencia de esta Corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo pasado, es importante para la Fiscalía recibir información sobre estos casos.
También hemos tenido conocimiento de las extradiciones de vatios líderes paramilitares a los Estados Unidos el 13 de mayo pasado y, la semana previa, de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
Tomo nota de la información dando cuenta de la respuesta enviada, el 16 de mayo del 200, por el Gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco, además, la información provista informalmente sobre la reunión que sostuvieron el Fiscal General de a Nación y su homólogo estadounidense.
A la luz de los acontecimientos mencionados y de las comunicaciones recibidas, le estaría muy agradecido si, como contribución a mi labor, pudiera suministrarme la siguiente información:
Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CFI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos.
Me permito aclarar que, al día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de una investigación. La situación continúa bajo análisis por mi Oficina.
Cualquier consulta respecto de esta misiva, le ruego dirigirla a Paul Seils, Jefe de análisis de Situaciones de la Oficina del Fiscal de la CPI.
Quedo a la espera de su respuesta y de cualquier información adicional que el Estado colombiano considere oportuno suministrarme.
Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.
Luis Moreno Ocampo.
--
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