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Date: Sat,
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Subject: Amnistía Internacional denuncia la «desgana» de la Justicia en la lucha contra el racismo
Sr Raul Alayon
movimiento uruguayo de los sin techo
grito de los excluidos Uruguay
presente
Dice que los organismos contra la xenofobia o no se han constituido o no se han puesto a trabajar aún Insta al Gobierno a aprobar el plan estatal sobre este asunto que aparecía en el programa del PSOE Amnistía Internacional se acaba de poner a la larga cola de los insatisfechos con la Justicia. La organización humanitaria asegura que tanto los jueces como los fiscales actúan con «desinterés» y «desgana» en los casos relacionados con la discriminación racial.
Según un informe que ayer presentó la organización humanitaria, «en raras ocasiones» los tribunales tienen en cuenta las denuncias sobre ataques con un componente racista, que vienen a ser al menos 4.000 al año en España.
En el estudio se revela, por ejemplo, que la agravante por motivos racistas sólo se ha aplicado seis veces en la última década (dos de ellas, el año pasado). O que la Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia no ha sido capaz de encontrar jurisprudencia sobre discriminación étnica en nuestros órganos judiciales. Al menos durante 2006, no parece haberse impuesto una sola sanción o compensación por este tipo de casos.
Por si fuera poco, la Comisión Europea contra el Racismo del Consejo de Europa también está preocupada porque «raramente» se aplican las disposiciones penales contra el racismo en vigor en España.
Amnistía Internacional ha recurrido a éstos y otros argumentos en su estudio España: entre la desgana y la invisibilidad. Políticas del Estado español en la lucha contra el racismo, para situar a nuestro país en la cola europea en la lucha contra la xenofobia y denunciar que los poderes públicos no hacen nada al respecto.
Ya no es solamente que los españoles sean racistas (los que admiten ser hostiles hacia los inmigrantes han pasado en una década a ser del 8% al 32% de la población), sino que los políticos, el Gobierno y, sobre todo, la Justicia consiguen con su «falta de interés» que el racismo «se convierta en un problema invisible». Lo advertía ayer, durante la presentación del informe, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, lamentando que las palabras racismo o xenofobia no hubieran sido empleadas ni una sola vez en el reciente debate de Investidura.
Y le secundaba Juan Antonio Iglesias, coordinador del Colegio de Abogados de Madrid para casos de xenofobia: «He visto cómo un juez
Amnistía Internacional aprovechó para pedirle al Gobierno que ponga en marcha el Plan Estatal para Combatir el Racismo que aparece reflejado en su programa electoral. Y denunció que el Observatorio Español del Racismo, creado en 2003, todavía «no ha publicado datos», que el Consejo de Igualdad de Trato (también de 2003) aún no se ha constituido, y que el propio Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración reconoce que «no se han diseñado programas de apoyo a las víctimas de discriminación» y que falta «un sistema de recogida y análisis de datos».
elmundo.es
Documento:
Lea el informe íntegro de la ONG.
LOS 10 INDICADORES DE LA DISCRIMINACION
1. ¿Problema? La inmigración es el tercer quebradero de cabeza de los españoles, según el CIS, pero sólo un 0,7% de la población percibe el racismo como un problema.
2. Prejuicios. Seis de cada 10 españoles asocian la delincuencia a la inmigración.
3. Hostilidad. El porcentaje de españoles con actitudes hostiles hacia los inmigrantes se ha incrementado desde el 8% en 1997 al 32% en 2004.
4. Grupos ?ultra?. Entre 11.000 y 15.000 españoles pertenecen a asociaciones racistas en España. Cada vez hay más publicaciones y webs xenófobas o antisemitas.
5. Miles de ataques. Los grupos racistas protagonizaron en 2006 más de 4.000 agresiones contra inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas. 6. Pocas denuncias. De 612 casos de discriminación analizados, en el 80% no se presentó denuncia. En los que sí hubo, en ninguno la sentencia fue favorable a la víctima.
7. Agravante? fantasma?. Entre 1996 y 2005, sólo en seis casos los tribunales aplicaron la agravante por motivos racistas.
8. Ninguna sanción. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE no encontró en 2006 ninguna sanción en España por discriminación étnica.
9. Sin organismos. España no ha puesto en marcha un organismo nacional
de lucha contra la discriminación racial.
10. Trata de blancas. España es uno de los 10 países de la UE con más casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras.
Seis de cada 10 españoles no quieren a los gitanos
O. R. S.
MADRID. Los gitanos están más marginados que los inmigrantes: al 25,3% de la población española le importaría mucho o bastante que sus hijos compartieran clase con niños de familias gitanas, mientras que el 9,9% muestra el mismo grado de preocupación respecto a los escolares
extranjeros.
El informe sobre el racismo en España que ayer presentó Amnistía Internacional hace hincapié en ese 59% de españoles que reconoce que tiene poca o ninguna simpatía hacia los 700.000 gitanos que hay en nuestro país.
«Es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema de bienestar. Los poderes públicos y las administraciones no están poniendo en marcha medidas adecuadas para luchar contra este problema que lleva desde hace siglos», denunció María Teresa Andrés Martín, responsable de Acción Social de la Fundación Secretariado Gitano.
La ONG consideró «sorprendente» que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia no incluya a la población gitana entre sus objetivos.
Las "sin papeles" maltratadas, sin ayudas y con miedo a la Policía
O. R. S.
MADRID. El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, aseguró ayer que las inmigrantes indocumentadas que sufren malos tratos «siguen sin poder acceder a las ayudas de la Ley Integral contra la Violencia de Género».
También sostuvo que se resisten a denunciar a sus agresores en las comisarías «porque se encuentran con que les incoan una orden de expulsión». Explicó que el Ministerio del Interior dictó en 2005 una instrucción «que unos policías aplican y otros no» para comprobar la situación administrativa de las denunciantes de agresiones en el ámbito
familiar.
«Amnistía Internacional ha pedido varias veces que se retire esta instrucción. Saber que la policía te puede incoar un procedimiento de expulsión o una sanción administrativa no ayuda a denunciar a tu agresor», señaló Beltrán. «Es la confusión inaceptable entre no tener derechos y no tener papeles».
Un portavoz del Ministerio del Interior explicó ayer que la instrucción es justo lo contrario de lo que denuncia la ONG: «se hizo precisamente para evitar que a las mujeres se les abriera un expediente de expulsión».
«Desde que se dictó esa orden no se ha expulsado a ninguna mujer víctima de la violencia de género», aseguró. Y recordó que la orden de protección por maltrato paraliza el procedimiento sancionador y permite a una sin papeles iniciar su regularización.
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