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Entrevista en Radio AM CX36 1250 Centenario con Efraín Chury Iribarne:
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CÚPULA TUPAMARA ES DENUNCIADA ANTE LA JUSTICIA PENAL
Ahora, casi milagrosamente, la información empieza a tomar estado público.
Aclaraciones previas
Entre los muchos crímenes cometidos por la organización terrorista "Tupamaros", es destacable el asesinato de Roque Arteche porque todavía hoy se ignora el lugar de enterramiento y se desconoce la fecha exacta de su ejecución. Arteche había sido reclutado por los tupamaros en la cárcel de Punta Carretas donde estaba recluido por el delito de hurto. Luego de incorporarse a la banda criminal, Arteche se habría quedado con dinero y armas de la organización que, por tal motivo, decide asesinarlo.
La Columna 15 del MLN, conocida por "los fierreros" ("fierros" es el término utilizado para denominar a las armas), integrada por quienes tenían mayor experiencia militar, planificó asesinatos de civiles, policías y militares, y proyectó la mayor parte de las acciones militares que realizó la organización terrorista. Estaba integrada, entre otros, por Henry Engler, Donato Marrero, Adolfo Wassen y Mauricio Rosencoff Silbermann, alias Leonel. Este último es el actual director de Cultura de la IMM y "figurita repetida" de radio y TV. Es un "contertulio" permanente en las mañanas de Radio "El Espectador". La Columna 15 también se encargó de ordenar el asesinato de Roque Arteche.
En el libro "La izquierda armada" de Clara Aldrighi, el tupamaro Jorge Zabalza dice: "Otro caso es el de Roque Arteche, un tupamaro ex delincuente ajusticiado en 1971". Según el testimonio de Zabalza, la "orga" lo condenó a muerte porque se quedó con dinero y armas de los tupamaros. Más adelante, Zabalza admite: "Aquí hay otra violación de los derechos humanos. Era como una forma de ejercicio del poder, igualmente impune. Del poder de vida o muerte que teníamos".
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La revista semanal "Búsqueda" informó que una denuncia penal por el delito de "desaparición forzada" será presentada en las próximas horas contra la dirección del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros durante el período 1970-1972.
Una ONG de reciente creación ("Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay" -CEDDHHU), promueve la demanda que involucra, entre otros, a los actuales senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, al director municipal Mauricio Rosencof, al dirigente del MLN-T Julio Marenales, a Henry Engler y a Jorge Zabalza, "en la desaparición" del ex guerrillero Roque Arteche, ocurrida en 1971.
La Comisión Directiva del CEDDHHU, ONG creada en Montevideo el 12 de diciembre de 2007, está presidida por Hugo Ferrari. Su vicepresidente es Sergio Molaguero (empresario y víctima de la guerrilla en los años 70 por el secuestro que sufrió) y la secretaría esta a cargo de Graciela Genta (maestra y escritora).
Según la denuncia del CEDDHHU, los encargados de la dirección tupamara en el período 1970-1972 son "penalmente responsables de un delito de desaparición forzada en el marco de la calificación de delito de lesa humanidad, cometido sobre la persona identificada como Roque Arteche". La acusación se basa en la ley Nº 18.026 ("Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad"), promulgada por el Poder Ejecutivo de Uruguay en octubre de 2006.
Al parecer, Arteche fue ejecutado en 1971 y su cadáver habría sido enterrado en un local conocido como 'La Estrella', pero se desconoce el actual paradero de sus restos.
En declaraciones públicas, el dirigente guerrillero y hoy senador, José Mujica Cordano, se atribuyó la responsabilidad de los hechos de sangre provocados por los tupamaros durante los años '60 y 70. Lo mismo hizo Engler el 5 de abril pasado en una entrevista con "El Observador", cuando afirmó: "…si me preguntan si hay responsabilidad por muertes que se cometieron, yo, como miembro de la dirección del MLN, tengo la responsabilidad. Desde 1970 a 1972 fui responsable de la dirección del MLN y los hechos que acontecieron ahí me caben a mí como responsable".
Sobre los "desaparecidos de los tupamaros", los denunciantes apelarán a afirmaciones del fallecido ex jefe del MLN Adolfo Wassen, recogidas en su momento por el también fallecido inspector de la Policía Víctor Castiglioni. Según Wassen, la primera ejecución de un tupamaro por sus propios compañeros se produjo en un local de la calle Juan Paullier, cuyo encargado era Augusto Gregory Souto, contratado por la que fuera hasta poco ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti como "asistente técnico administrativo". Ese local sería conocido luego como la "Cárcel del Pueblo". Wassen dijo que la decisión de matar al individuo, apodado "Raúl", fue adoptada por el Ejecutivo tupamaro de entonces, integrado, entre otros, por Wassen, Engler, Rosencof y Mario Píriz Budes. Los tupamaros Gabriel Schroeder Orozco y Rodolfo Wolf fueron los encargados de ejecutar a "Raúl" con una pistola calibre 22. El nombre verdadero de "Raúl" se desconoce hasta hoy. Sólo se sabe, por las afirmaciones de Wassen, que fue "un individuo que había sido mal reclutado" por la organización guerrillera.
En el caso de Arteche, Wassen dijo que luego que la dirección del MLN confirmó que el individuo se había "descompartimentado", decidió su "ajusticiamiento". "Yo hablé con Armando Blanco y le dije que lo ejecutara con gente de confianza", confesó Wassen. Arteche fue llevado a un local cerca de Larrañaga y Caiguá. Allí, el propio Blanco y Engler fueron los encargados de asesinar a Arteche.
La demanda del CEDDHHU hace un análisis de lo que era el MLN a fines de los '60 y principios de los 70, qué actividades desarrollaba el movimiento guerrillero y cuál era la estructura de la organización.
Los denunciantes sostienen que los delitos de lesa humanidad tienen su origen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que, además de regular los crímenes en el marco del "terrorismo de Estado", alude asimismo a los delitos "cometidos por organizaciones que desarrollen actividades contra una población civil en forma sistemática y permanente". Para el caso del desaparecido Arteche, la demanda considera de aplicación la "teoría del dominio del hecho" a efectos de responsabilizar penalmente a los líderes del MLN-Tupamaros.
El CEDDHHU realiza un análisis comparativo con la actual situación política de Argentina en lo que tiene relación con el juzgamiento de ex guerrilleros de ese país, y sostiene que juristas argentinos han manifestado que pueden ser llevados ante los estrados judiciales. En particular, destaca la opinión del ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, actual miembro de la Corte Penal Internacional, para quien la posibilidad de juzgar a la guerrilla o a la Triple A abre "una discusión legal válida", porque en ambos casos "se trata de un ataque masivo y sistemático a la población civil".
Según el Estatuto de Roma, adoptado por Uruguay, "por 'desaparición forzada de personas' se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado".
La denuncia también utiliza el libro "Cero a la izquierda" de Federico Leicht, que contiene una biografía de Jorge Zabalza. Allí, según el CEDDHHU, Zabalza aporta datos según los cuales el Ejecutivo del MLN-T durante la época de la desaparición de Arteche estuvo integrado, alternativamente, por el propio Zabalza, Fernández Huidobro, Marenales, Mujica, Wassen, Rosencof, Engler, Raúl Sendic, Lucas Mansilla, Jorge Candan Grajales, Amodio Pérez, Jorge Manera, David Cámpora, Diego Picardo, Ismael Bassini, Gabino Falero, Leonel Martínez Platero, Pablo Blanco y Nelson Barrera.-
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Tiene gran importancia que estos hechos aquí reseñados comiencen a tomar estado público. Vivimos una época en la que únicamente se difunden -y hasta con exageraciones deformantes y falaces- los excesos reales o inventados que habrían sido cometidos durante el combate a la guerrilla terrorista. De hecho, se obstaculiza la difusión de todo lo que suponga recordar los brutales crímenes cometidos por la organización guerrillera que aterrorizó a la sociedad toda. Es la amnesia inducida desde 1985, mediante un silencio impuesto desde la cúpula política y militar, con la complicidad de los principales medios de comunicación masiva que siguen actuando al servicio de la izquierda.-
Alexander Torres Mega
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