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| Fecha de envío: | 19/02/2008 |
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Para Raul Alayon movimiento uruguayo de los sin techo---grito de los excluidos Uruguay
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En carta enderezada al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), piden que se amnistíe a los líderes sociales y comunitarios, victimas de la criminalización de las protestas.
De acuerdo con el documento, centenares de líderes sociales y comunitarios están siendo detenidos por ejercer el derecho fundamental a protestar y resistir ante proyectos altamente destructivos de la naturaleza y violatorios de los derechos humanos.
"Están sometidos a procesos judiciales por efectuar acciones de defensa del ambiente ante las actividades mineras, petroleras, hidroeléctricas, madereras, agro-industriales", añadió la carta. Para las organizaciones firmantes, la criminalización no es sólo una estrategia para detener y perseguir judicialmente a los luchadores sociales, se persigue, tortura e incluso asesina a personas.
"La criminalización de la protesta social busca reducir a los actores sociales en meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que establecen los ejecutores de la ley, estimulando el repliegue de los sujetos a su esfera privada", dijo la carta.
Las organizaciones critican el hecho de que el Poder Judicial reduce la lucha social a un tema de legalidad, desplazando así lo político del conflicto. Al reforzar el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico, se transforma el conflicto social en mero litigio jurídico.
La refundación del Estado buscada con la nueva constituyente no será verdadera si los derechos humanos "no son reparados ahora, ni, como un acto de prevención, la nueva Constitución no provee de garantías plenas a quienes, por las mismas razones, están sufriendo amenazas, acoso y persecución".
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