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Para Raul Alayon movimiento uruguayo de los sin techo----grito de los excluidos
La Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), en su VI visita al México, dijo que la situación de los derechos humanos en el país es extremadamente crítica. La Comisión entrevistó 596 personas y considera que "la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas".
De acuerdo con la Comisión no hubo avances sustanciales en relación a las recomendaciones hechas en visitas anteriores. En Chiapas, Oaxaca y Atenco las vulneraciones de derechos humanos siguen, y los principales responsables por ellas están impunes: "no se actúa con seriedad ni contra sus principales responsables, ni respecto de las razones que las originan".
Además continua el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y han ingresado en las cárceles nuevos presos políticos y de conciencia. En este sentido, la CCIODH, señala las arbitrarias detenciones de Ariadna Nieto, Núria Morelló, Ramón Sesén y Laia Serra, en agosto pasado.
El respeto a los derechos humanos no es prioridad de gobierno en México. La prueba de eso es que las Naciones Unidas recomendaron a la periodista Lydia Cacho abandonar el país para preservar su seguridad. Y la fiscalización del respecto a esos derechos también se hace difícil, puesto que CCIODH fue impedida de acceder al penal de máxima seguridad de La Palma.
"Frente a los espacios de movilización social, de construcción de modelos alternativos de vida y de satisfacción de las necesidades más esenciales, las autoridades tratan de asegurar el contexto social más propicio para la implementación de un modelo de desarrollo de carácter neoliberal, basado en el despojo, la privatización y la mercantilización de recursos básicos como la tierra, el agua o la biodiversidad", dijo el informe de CCIODH.
Así, son fortalecidas prácticas de debilitamiento del tejido social por medio de la división de las comunidades indígenas y campesinas y el hostigamiento frente a las organizaciones sociales más reivindicativas. Detenciones arbitrarias, con pruebas falsas, en contra los activistas sociales son habituales, tanto cuanto el hecho de que estos son sometidos a tortura y a malos tratos.
Los cuerpos policiales, locales y federales no son los únicos a perseguir los movimientos, también el Ejército mexicano lo hace. Para CCIODH, "las graves violaciones de derechos humanos de Atenco y Oaxaca durante 2006, hasta la fecha las sanciones se han limitado al abuso de autoridad y han tenido un carácter fundamentalmente administrativo".
Para caminar hacía la solución de estos problemas, la Comisión entiende como necesaria: disminución de la pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, la posición subalterna de la mujer, la falta de medios para la educación, la salud y la vivienda, la ausencia de canales de participación democrática y la incomprensión de la diversidad cultural como base de la convivencia social.
Además del respeto por las formas propias de desarrollo; el desmonte por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social, cultural y política; y el sometimiento de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la normativa constitucional e internacional en materia de derechos humanos
La Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), en su VI visita al México, dijo que la situación de los derechos humanos en el país es extremadamente crítica. La Comisión entrevistó 596 personas y considera que "la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas".
De acuerdo con la Comisión no hubo avances sustanciales en relación a las recomendaciones hechas en visitas anteriores. En Chiapas, Oaxaca y Atenco las vulneraciones de derechos humanos siguen, y los principales responsables por ellas están impunes: "no se actúa con seriedad ni contra sus principales responsables, ni respecto de las razones que las originan".
Además continua el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y han ingresado en las cárceles nuevos presos políticos y de conciencia. En este sentido, la CCIODH, señala las arbitrarias detenciones de Ariadna Nieto, Núria Morelló, Ramón Sesén y Laia Serra, en agosto pasado.
El respeto a los derechos humanos no es prioridad de gobierno en México. La prueba de eso es que las Naciones Unidas recomendaron a la periodista Lydia Cacho abandonar el país para preservar su seguridad. Y la fiscalización del respecto a esos derechos también se hace difícil, puesto que CCIODH fue impedida de acceder al penal de máxima seguridad de La Palma.
"Frente a los espacios de movilización social, de construcción de modelos alternativos de vida y de satisfacción de las necesidades más esenciales, las autoridades tratan de asegurar el contexto social más propicio para la implementación de un modelo de desarrollo de carácter neoliberal, basado en el despojo, la privatización y la mercantilización de recursos básicos como la tierra, el agua o la biodiversidad", dijo el informe de CCIODH.
Así, son fortalecidas prácticas de debilitamiento del tejido social por medio de la división de las comunidades indígenas y campesinas y el hostigamiento frente a las organizaciones sociales más reivindicativas. Detenciones arbitrarias, con pruebas falsas, en contra los activistas sociales son habituales, tanto cuanto el hecho de que estos son sometidos a tortura y a malos tratos.
Los cuerpos policiales, locales y federales no son los únicos a perseguir los movimientos, también el Ejército mexicano lo hace. Para CCIODH, "las graves violaciones de derechos humanos de Atenco y Oaxaca durante 2006, hasta la fecha las sanciones se han limitado al abuso de autoridad y han tenido un carácter fundamentalmente administrativo".
Para caminar hacía la solución de estos problemas, la Comisión entiende como necesaria: disminución de la pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, la posición subalterna de la mujer, la falta de medios para la educación, la salud y la vivienda, la ausencia de canales de participación democrática y la incomprensión de la diversidad cultural como base de la convivencia social.
Además del respeto por las formas propias de desarrollo; el desmonte por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social, cultural y política; y el sometimiento de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la normativa constitucional e internacional en materia de derechos humanos
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