| Fecha de envío: | 19/02/2008 |
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Informe entregado a ONU señala aumento de violaciones de los D.D.H.H.
Después de cinco años, la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, Hina Jilani, volvió a Guatemala para hacer una visita in loco al país. En ocasión de la visita, las organizaciones de defensa de los derechos humanos guatemaltecas divulgaron un informe, que constata el agravamiento de las violaciones de esos derechos en el período entre las dos visitas.
La situación general de los derechos humanos se fragilizó. En 2002, eran constatados 9 asesinatos diarios en el país, actualmente son 17. Entre los defensores de derechos humanos, ese número también aumentó: pasó de 30 defensores, en la época de la primera visita, a 50 en los últimos cuatro años - 23 asesinatos fueron cometidos solamente en dos años.
Además, los defensores fueron víctimas de desapariciones forzadas y vieron el número de agresiones en contra de ellos triplicarse y más. Entre 2000 y junio de 2002, se registraron 234 agresiones; entre julio de 2002 y diciembre del año pasado ese número saltó a 971.
De acuerdo con el Informe, los defensores mantuvieron la lucha para que el Estado les proteja, sin embargo, incluso con vigilancia internacional las agresiones sólo aumentan. Algunos mecanismos de lucha fueron implementados para fortalecerla como el monitoreo y sistematización de los casos de violencia.
Fue también consolidada la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el órgano tiene como registrar agresiones contra todos los sectores y envía los datos periódicamente a la oficina de la representante de las Naciones Unidas. El análisis de los riesgos, los planes de seguridad constituyen todavía los mecanismos de monitoreo.
Pero, para las organizaciones de derechos humanos, "Todos los esfuerzos realizados por la comunidad de defensores de derechos humanos caen en el vacío si el Estado no cumple con sus responsabilidades mínimas de protección del derecho de defender los derechos humanos".
Más que no proteger, el Informe denuncia que el Estado está criminalizando a quien defiende los derechos. Sólo en los últimos años, 45 defensores tuvieron que responder a procesos por terrorismo, usurpación agravada, robo agravado, lesiones graves o actividades contra la seguridad de la nación. De ellos, dos fueron condenados.
De acuerdo con el Informe, existe y se practica una política de Estado contra el movimiento sindical, que viola: la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Los participantes del movimiento sindical son constantemente víctimas de detenciones, amenazas de muerte, agresiones, persecuciones, intimidaciones, desalojos forzados e, inclusive, asesinatos.
La criminalización de la lucha social está enfatizada contra los movimientos campesinos. En este caso, la persecución de la lucha y de sus dirigentes es llevada adelante tanto por hacendados y terratenientes como por el Estado.
"Los patrones de los diferentes sectores se encargan día a día de violar los Derechos Humanos y laborales de millones de trabajadores, lo que repercute en desempleo y pobreza". En ese sentido todavía está vigente el congelamiento del salario mínimo desde 2005, lo que viola la norma que determina la corrección anual del valor del salario.
A pesar de todas esas violaciones, lo que el Informe constató en el país fue la impunidad de los violadores y la ausencia de mecanismos del Estado que sean eficaces en combatirlos. "Falta un estudio de patrones que sirva para identificar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El resultado es que al final de cada año la Procuraduría reporta pocos casos en sus estadísticas, y menos todavía, casos con resultados positivos", agrega el Informe.
De positivo, el Informe destaca que la impunidad tuvo una pequeña ruptura a partir de julio del año pasado, pues la presión internacional y nacional hizo que el Ministerio de Gobierno crease la Unidad de Derechos Humanos dentro de la División de Investigación del Crimen (DINC), para realizar investigaciones en casos contra defensores.
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